Economía y Sociedad en la Última Dictadura

Luis Mesyngier

INTRODUCCIÓN

Cuando el 24 de marzo de 1976 se terminaban muchas ilusiones y muchos deseos, los argentinos estábamos lejos de imaginar la envergadura de los cambios que sufriríamos como individuos y como sociedad. Aún hoy, con vidas deshechas o vidas rehechas, es difícil ver en perspectiva que la Argentina de fin de siglo se gestó treinta años antes.

El país ya no es el mismo; el mundo no lo es. Modernización, dirán algunos; adecuación, dirán otros; progreso, dominación o retroceso. Pero, sin euforias ni broncas, lo concreto es que la sociedad argentina ha cambiado.

Tal vez parezca una nimiedad recordar que algunos valores y muchas creencias que componían el sentido común de los años setenta, son señalados hoy como anacronismos o han adquirido, repentinamente, un nuevo espacio en el discurso político.

Haber revolucionado la sociedad argentina no fue tarea exclusiva de un gobierno, de una gestión, de un ministro. Éstos pueden indicar y preparar un rumbo pero cierta continuidad hizo falta. Por eso, los avances espectaculares de los años noventa en un proyecto o modelo de país fueron pacientemente preparados como un mecanismo de relojería, listo a ponerse en marcha a posteriori.

Este libro trata, fundamentalmente, de cómo se preparó una transformación profunda de las relaciones sociales y políticas entre los argentinos; de cómo, para ello, se utilizó la economía y toda la dimensión política de la misma. Es un intento de análisis sobre los condicionamientos que se sembraron sobre la realidad del país para que, como en el trabajo del relojero, el mecanismo no pudiera ser revertido ni torcido su rumbo.

Los diferentes trabajos que componen el texto tienen ya bastante antigüedad. Pero su revisión mostró que la tesis resistía el transcurso del tiempo y, más aún, se corroboraba en la marcha de la historia. El primero de ellos aborda la última dictadura militar, el “Proceso”, en función de la concordancia de objetivos y de instrumentos políticos y económicos aplicados por sus actores principales, aún cuando, algunos de ellos pudieran aparecer luego como sorprendidos o engañados por los resultados obtenidos.

En la segunda parte se analiza el programa económico de la última dictadura. Impracticable sin la represión que acompañó a los años de plomo de la dictadura. Se estudian las líneas de continuidad existentes, aún frente a eventuales cambios de políticas, en función del objetivo de reconvertir las relaciones sociopolíticas, misión que se autoimpuso el “Proceso de Reorganización Nacional”.

En la tercera parte se describe al sistema internacional de los años ochenta y noventa, sobre los que se desenvolvió la continuidad de lo realizado por el equipo de economistas de Martínez de Hoz y las fuerzas armadas de entonces. Se intenta así, señalar la concordancia entre lo que la dictadura preparó y el mundo en el que les tocó desenvolverse a los políticos que, además, tenían (tienen) por misión consolidar la democracia.

PRIMERA PARTE

La última dictadura militar

«Proceso de Reorganización Nacional»

(1976-1982)

Continuando con una tradición inaugurada por la Revolución Libertadora (1955-58) y por la Revolución Argentina (1966-73) el régimen militar instaurado e1 24 de marzo de 1976 buscó un nombre que lo definiera: «Proceso de Reorganización Nacional» (PRN). Pretendía transmitir de esa forma lo que sus protagonistas entendieron como misión a cumplir: reorganizar el delicado equilibrio entre los distintos sectores sociales desarrollados a lo largo de la historia argentina.

Hasta su irrupción, habían tenido lugar dos procesos sociales convergentes, que generaron en ciertos sectores la necesidad de un replanteo del modelo sociopolítico y económico sobre los que se desenvolvía el país. A su vez, la forma en que estos procesos se manifestaban para la opinión pública, dieron lugar a un consenso favorable al golpe militar o, al menos, a una notoria pasividad frente al avasallamiento del sistema político.

Uno de estos procesos fue la instalación de una violencia política creciente. Desde la muerte del general Perón, el incremento de la actividad guerrillera instaló en la sociedad una profunda sensación de inseguridad pública. Grupos como Montoneros[1], ERP[2] y la Triple A[3] producían cotidianamente hechos de violencia; los dos primeros tenían por objetivo a las Fuerzas Armadas y sectores empresarios; el tercer grupo, actuó contra la izquierda y sectores intelectuales y políticos progresistas.

El otro fenómeno social de amplia notoriedad fue la situación económica manifiesta en un fuerte proceso inflacionario. El abandono forzado de la política de “inflación cero” del ministro de Economía José Ber Gelbard[4], derivó en la progresiva adopción de políticas de ajuste ortodoxo de la economía. El «rodrigazo», nombre con que se popularizó el conjunto de medidas adoptadas por el ministro Celestino Rodrigo a mediados de 1975, fue un intento por retrasar los salarios, mejorar el tipo de cambio para favorecer las exportaciones, achicar el consumo interno y disminuir los gastos del Estado. Estas medidas encontraron la oposición de los grupos sindicales peronistas, que hasta ese momento habían sido sostén del gobierno de Isabel Martínez. Por ello, el aumento incesante de los costos de la canasta familiar se verificaba en un contexto de irresolubles disputas entre los formadores de precios y sus trabajadores, sobre los que el gobierno había perdido poder de negociación, arbitraje o imposición.

En ese contexto, la puja desatada entre sindicatos y gobierno erosionó la capacidad de intervención de los sectores políticos y descontroló el manejo de la economía. Sumado a ello, la certeza general acerca de la inevitabilidad del golpe militar y la acción del empresariado, determinada por las expectativas inflacionarias que en la economía argentina conlleva cualquier cambio de gobierno, desataron una creciente alza de los precios internos, lo que instaló en la opinión pública un nuevo motivo de angustia.

Violencia física cotidiana e inflación descontrolada fueron los procesos que inmovilizaron a los sectores políticos y fertilizaron el consenso golpista. Así todos los sectores asistirían al espectáculo del golpe anunciado.

Diagnóstico de la realidad sociopolítica

La coalición que protagonizó el golpe del 24 de marzo fue encabezada por las Fuerzas Armadas abroqueladas a causa de los ataques guerrilleros. A ellas se sumaron los sectores ligados al comercio internacional de productos agropecuarios, bancos, grandes empresas industriales nacionales y compañías multinacionales, otro de los blancos de los grupos guerrilleros.

Los diagnósticos que las Fuerzas Armadas y los actores sociales que apoyaron el golpe hacían de la realidad sociopolítica, coincidieron en sus trazos generales. Mientras el ministro de Economía Martínez de Hoz fue portavoz del diagnóstico económico[5] y las Fuerzas Armadas del político[6], ambos convergieron en una visión crítica de todo el sistema social argentino. Percibieron como problema estructural, la imposibilidad de sostener un crecimiento definido de la economía en un marco de estabilidad política, con gobiernos confiables y compenetrados del modelo de desarrollo, independientemente de sus orígenes políticos.

Una serie de datos históricos abonaron tal visión. Entre otros, la debilidad de los gobiernos que se sucedían en el manejo del Estado desde la última presidencia de Yrigoyen; la alternancia entre gobiernos de diferente signo, que ellos mismos –las FFAA-, habían ayudado a consolidar; la violencia desatada dentro de la sociedad argentina por grupos de diferentes ideologías –algunas de ellas de carácter internacionalista-; la sensación, más tarde desmentida por los indicadores, de la ausencia de crecimiento económico; la idea de que el sindicalismo había alcanzado un espacio político desmedido; el surgimiento de grupos contestatarios desde dentro del sistema político y por lo tanto, los riesgos para la propiedad privada.

Una visión más sutil[7] permitiría una interpretación más acabada y comprensiva que recoge todos aquellos datos y les da una valoración más abarcativa. Según la misma, la acción de gobiernos inestables y cambiantes, acosados por intereses deseosos de tomar el control del Estado o, al menos, de favorecerse del mismo, eran el síntoma de que en la sociedad argentina se había constituído una suerte de empate entre dos conjuntos de actores sociales definidos.

Este empate era la manifestación de la imposibilidad de aquellos actores por imponer sus condiciones hegemónicas[8] al resto de la sociedad argentina; dicho en otros términos, el poderío político y económico de cada uno de ambos conjuntos no alcanzaba para imponer al resto de la sociedad una visión homogénea del futuro compartido.

El empate hegemónico era, entonces, la explicación de los dos grandes conflictos de la sociedad argentina: inestabilidad política y ausencia de desarrollo económico definido. La inestabilidad política era palpable tanto por la alternancia de gobiernos civiles y gobiernos militares, como por los bruscos cambios de política económica ocurridos incluso al interior de un mismo gobierno. Por su parte, la ausencia de desarrollo económico definido (esto es, la imposibilidad para adoptar un modelo de país y de decidir cada opción en consecuencia), era observable en aquellos mismos bruscos cambios de timón de todos y cada uno de los gobiernos que, por diferentes vías, se habían puesto al frente del manejo del Estado argentino.

Esta lucha por la hegemonía tenía lugar entre dos grandes conjuntos sociales, cada uno de ellos conformado por una variedad de actores articulados en torno a un modelo de país. Cada uno de estos modelos creía tener para sí la supuesta misión que el Estado argentino debía cumplir, las formas de encarar el desarrollo y, por lo tanto, una idea acerca del futuro desenvolvimiento de la sociedad, las formas de articulación de cada actor en el conjunto social, su visión de la inserción argentina en el contexto internacional.

El primero de estos sectores se había desarrollado en torno al proyecto de la generación del ’80. Su objetivo histórico fue la ocupación del territorio y la promoción de la producción agropecuaria y ganadera, que generó importantes excedentes para la exportación y era, por lo tanto, la principal fuente de riquezas y de divisas extranjeras. Este conjunto de actores sociales comprendía a los grandes y tradicionales terratenientes, ya sea aquellos dedicados a la agricultura (primordialmente cerealera), como a los que se dedicaron a la cría de ganado fundamentalmente vacuno (tanto de cría como de invernada) y lanar; los grandes acopiadores de granos[9]; los frigoríficos, en especial aquellos dedicados a la exportación; la banca y todo el sector de servicios especializado en el negocio agroganadero.

El segundo conjunto se desarrolló a partir del aceleramiento del proceso de sustitución de importaciones impulsado incipientemente por los conservadores en los años treinta, con mayor impulso por el primer peronismo y más tarde, con puertas abiertas a la radicación de capitales externos, por el desarrollismo. Los beneficiarios de tal industrialización fueron dos sectores nuevos o remozados hacia mediados del siglo XX; por una parte, el empresariado nacional, que fue fomentado desde el Estado por vía de subsidios, préstamos bancarios a tasas de interés reales negativas por debajo de la inflación, desgravaciones impositivas, control del tipo de cambio para la importación de insumos industriales, fuertes restricciones a la importación de productos terminados y precios controlados; por la otra, los sindicatos industriales tales como metalúrgicos, mecánicos y textiles, que contaban con la mayor afiliación gremial y recursos económicos, organizados con el auxilio estatal, dominados por el peronismo y que, por lo tanto, poseían sustancial poder político.

Este conjunto, por sus características, devino en una alianza con capacidad para fijar precios internos y salarios con independencia de los valores internacionales, mientras que el sector agropecuario, por su capacidad exportadora, era dueña de las fortalezas o debilidades del sector externo nacional.

El primero de estos grupos -el agroexportador- aducía la inequidad de un Estado que sostenía a la alianza industrial-sindical mediante el uso de los recursos generados por el campo. Por el contrario, los portavoces del modelo de sustitución de importaciones, se adjudicaban para sí la creación de puestos de trabajo y el bienestar socialmente distribuido.

En un afán modernizador, el diagnóstico del PRN, en lo económico, señalaba la necesidad de adecuar el uso de los recursos en divisas a la real participación de la industria y el agro en las ventas al exterior.

Con ello surgió una nueva tendencia en el pensamiento económico argentino, aunque ya tuviera antecedentes durante la gestión de Krieger Vasena en el gobierno de Onganía. Una apretada síntesis de este pensamiento se reflejó en la frase que acuñó un colaborador de Martínez de Hoz y que resumió tal concepción: «aceros o caramelos». Con esa aparentemente simple dicotomía se quiso significar que el país debía especializarse en producir aquellos productos para los cuales contara con ventajas comparativas[10], con independencia de las teorías que habían sustentado en el pasado la necesidad de contar con un desarrollo en industria pesada capaz de asegurar la soberanía económica y la independencia política[11]. La teoría de las ventajas comparativas impregnó el diagnóstico y los objetivos de política económica; según la misma, los recursos nacionales debían volcarse hacia aquellos sectores de la producción con capacidad para competir en el mercado internacional en cuanto a calidad y precio. A contramano de su perfil histórico, las FFAA concedieron (así haya sido por omisión), frente a esta postura; sólo pusieron expresamente un límite: la necesidad de no desproteger a la clase obrera[12].

Desde el punto de vista político, los diagnósticos coincidieron en señalar al conjunto de los empresarios nacionales y los sindicalistas de la industria como sustento de los gobiernos de carácter «populista» que se habían alternado en la historia argentina o como responsables de los giros que, en tal sentido, habían dado otros gobiernos. Argumentaban que esta alianza, usufructuaba el aparato estatal en su propio beneficio, mediante una dinámica de mutuas concesiones que ponía en peligro el alineamiento internacional del país y la supervivencia, en el largo plazo, del sistema de propiedad privada, al favorecer indirectamente el surgimiento de movimientos contestatarios.

En el mismo sentido, el conjunto agroexportador diagnosticaba también, que el fortalecimiento del sector ligado a la industria allanaba el terreno para el crecimiento de los grupos de izquierda en sus diferentes formas de organización: política, sindical o paramilitar.

Ambos diagnósticos (el de las FFAA y el de los economistas) coincidieron, entonces, en culpar a la complicidad entre industriales nacionales sobreprotegidos, un sindicalismo perverso y la acción estatal en su beneficio, como responsable de la inestabilidad política, la inflación, las dificultades para un crecimiento sostenido y, su corolario, la inequidad social, amén de constituirse en un factor explosivo capaz de la “disolución nacional”.

Objetivos e instrumentos de los principales actores sociales

Las Fuerzas Armadas se propusieron terminar con las organizaciones guerrilleras de orígenes peronista y marxista. La subversión alcanzó en el período 1969-76 un gran desarrollo, tanto de sus estructuras paramilitares y capacidad operativa, como de los grupos de apoyo y reclutamiento. En los dos años previos al golpe se desarrollaron gran cantidad de acciones paramilitares insurgentes. Como respuesta y cediendo ante las presiones, el gobierno de Isabel Perón envió el Ejército a Tucumán[13], donde las actividades guerrilleras habían adquirido la forma de milicias rurales, a diferencia de lo que ocurría en el resto del país donde el tipo predominante era la guerrilla urbana, la que requería una mayor labor de inteligencia militar para combatirla[14].

El objetivo prioritario del Ejército, la Marina y la Aeronáutica fue terminar con la guerrilla combatiente, pero también se propusieron remover a aquellos sectores que, sin ser específicamente partícipes de los grupos armados, constituían su supuesto apoyo y sector de reclutamiento y financiamiento.

Durante el período democrático previo al PRN, el peso del combate contra la subversión había recaído sobre las fuerzas policiales y de Inteligencia estatal destacándose la acción anti izquierdista de un grupo ilegal denominado Alianza Anticomunista Argentina. La triple A, según las investigaciones judiciales realizadas posteriormente, nació bajo la inspiración del ministro de Bienestar Social peronista, José López Rega, y sus actividades cesaron inmediatamente al producirse el movimiento del 24 de marzo de 1976.

Una vez instalado el PRN, las Juntas Militares que detentaron el poder de facto, incluso por encima de la investidura presidencial, llevaron a cabo una detallada planificación a nivel nacional para combatir a los grupos guerrilleros, adoptando una metodología de acción clandestina propia de una guerra no convencional. Se montaron en forma secreta centros de detención desde los que se desarticuló el movimiento guerrillero, actuando en forma oculta y negando las posibilidades de defensa en juicio de los sospechados de pertenecer a las organizaciones guerrilleras. Las Fuerzas Armadas operaron asignando un rol principal a la información dado el carácter celular de los grupos subversivos. Se procedió a la detención de personas sin recurrir a las vías judiciales, y han sido ampliamente comprobados los métodos de tortura utilizados supuestamente para extraer mayor y más rápida información, al igual que la desaparición forzada de personas[15].

EI otro objetivo que primó en la acción de gobierno del PRN estuvo referido a la necesidad de reformular la articulación entre los distintos actores sociales que, a su entender, había permitido el surgimiento y desarrollo de la subversión. Además de la intervención a sindicatos, bloqueo de sus fondos, administración militar de sus obras sociales, suspensión de la actividad política partidaria, intervención a empresas estatales, municipios, gobernaciones, legislaturas, la principal y más profunda instrumentación de medidas políticas de intervención sobre las relaciones sociales quedó en manos de la «revolución» operada desde el área económica.

La vertiente económica del PRN fue más explícita respecto de sus objetivos. Imbuido de las concepciones liberales más ortodoxas, el equipo económico de Martínez de Hoz se planteó como meta alcanzar la liberación de los mercados comercial, laboral y cambiario. De esa forma, explicaban, sería el mercado el que reasignara los recursos nacionales, relegando al Estado de las funciones cumplidas hasta entonces, y que habían generado las críticas acerca del desvío de las divisas obtenidas en el comercio exterior. Se sostuvo la necesidad de «achicar el Estado», pues la diversidad de funciones había significado una creciente participación de la esfera pública en el Producto Bruto nacional. Además, como la financiación de todas la actividades estatales no se lograba por la vía de recursos genuinos (impuestos y tarifas), se generaba un déficit que motorizaba la inflación.

Junto a la liberalización de los mercados y el achicamiento estatal, se priorizó la apertura comercial y financiera al exterior. Con ello se intentó obligar al empresariado argentino a competir con los precios y calidad de los productos internacionales, creyendo que, de tal forma, se rompería la alianza entre industriales y sindicalistas, pues la supervivencia de las empresas pasaría a depender de mejoras de la productividad y de los ahorros que se pudieran generar en los costos de mano de obra, tendiendo a equipararlas con las más bajas del mundo.

El discurso se centró, entonces, en la necesidad de modernización de la estructura económica y en la lucha contra la inflación. Los instrumentos utilizados fueron variando a lo largo del período. Se utilizaron políticas de ajuste ortodoxo, que implicaron la búsqueda del descenso en el consumo a través de la rebaja de los salarios en términos reales; se aplicaron políticas de corte monetarista, que intentaban regular la inflación conteniendo la expansión de la moneda; y se utilizaron políticas heterodoxas, como la famosa «tablita», consistente en el conocimiento anticipado de la pauta de devaluación cambiaria, con el fin de lograr la coincidencia, en un período un poco menor a los dos años, de la tasa de inflación interna con la internacional[16].

Por su parte, para obtener la apertura comercial se profundizó la rebaja arancelaria iniciada por el ministro de Economía Krieger Vasena del gobierno de Onganía (1966-1970). Con ello se intentó hacer competir al empresariado nacional con productos provenientes del extranjero, para obligarlo a una mayor eficiencia que debía verificarse a través de rebajas en los costos de producción; sin embargo, la industria argentina estaba en condiciones de competencia, como quedó demostrado al operarse tal reforma impositiva por lo que, en un principio, no se verificaron los resultados esperados por el equipo económico. Como dicho objetivo era suplementario de la transformación social que se esperaba, se continuó ensayando con otros instrumentos de política económica; la reformulación industrial se operó básicamente mediante la «tablita cambiaria” que retrasó notablemente el valor del dólar, obligando a una competencia despiadada para el capital y el trabajo nacionales frente al fenómeno de las economías asiáticas emergentes.

La apertura financiera fue otro de los instrumentos utilizados, con el que se intentó poner al mercado de capitales nacional en contacto con los crecientes capitales bancarios privados del sistema internacional, producto del reciclaje de los «petrodólares». De tal forma, se pretendió sustituir el rol regulador y de mal asignador de fondos cumplido por el Estado.

Dinámica sociopolítica y económica

El PRN asumió la conducción política del país en un clima de angustia generalizada, por la concurrencia de la inseguridad física y la explosión inflacionaria del período diciembre de 1975 a marzo de 1976. Con su arribo al poder, se conculcaron las libertades públicas y los derechos políticos de los ciudadanos, mientras se extendía la sensación popular de estar en presencia de una guerra interna signada por el terror.

El máximo desarrollo de la “guerra sucia” o lucha contra la subversión y de su consecuencia directa, la desaparición forzada de personas, tuvo lugar en los años 1976, 1977 y 1978. La necesidad de mejorar la imagen externa del país, ante la realización del Mundial de Fútbol, llevó a una fuerte atenuación de la campaña contra la izquierda, incluida una primera tanda de desactivación de algunos centros clandestinos de detención. A ello contribuyó la palpable desarticulación de los Montoneros[17], la virtual desaparición del ERP[18], el cese de la acciones de la Triple A. Cabe contabilizar, además, la presión de las democracias europeas y la política de derechos humanos del gobierno demócrata de Carter en los Estados Unidos que se tradujo en la suspensión de la venta de armas y repuestos militares[19]. En 1979 el gobierno militar aceptó la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo fin era realizar una inspección y recibir denuncias. A pesar de la notoriedad de su presencia, la campaña de difusión en su contra llevada a cabo por medios de difusión estatales y privados, y la aceleración en el proceso de desmantelamiento de las cárceles clandestinas, causaron que la misión tuviera escasos efectos en el país.

Por su parte, el proceso económico se fue desarrollando, gradualmente, de la mano de Martínez de Hoz, uno de los escasos ministros del ramo que alcanzaron a cumplir una gestión de cinco años. Las medidas puestas en marcha sucesivamente provocaron una «revolución» de la estructura económica argentina, mientras que en la vida cotidiana se disimulaban las penurias que se instalarían crudamente años después; en especial a partir de la aplicación de la tablita en 1979, que permitió vivir una ficción de buen nivel de vida. Como resultado del atraso cambiario y de la apertura indiscriminada a los productos importados, tuvo lugar el período que dio en llamarse de la «plata dulce». Durante el mismo, los salarios adquirieron, medidos en dólares, un gran poder adquisitivo, combinándose con el paso obligado de un sector de obreros industriales a cuentapropistas y el crecimiento del sector de servicios. Este proceso se verificó con la quiebra de empresas expuestas a la competencia internacional sin protección ante maniobras de dumping, o por el endeudamiento en dólares que hacia 1981 se vio multiplicado por el abandono de la pauta anticipada (tablita). Quedaron en el camino aquellas empresas que no pudieron sobrevivir hasta la nacionalización de la deuda externa operada entre 1982 y 1983.

A partir de 1978 se realizó una Reforma Financiera que multiplicó el número de entidades bancarias. Se sobredimensionó el sector con el apoyo del Estado que comenzó a compensar el dinero inmovilizado por efecto de los encajes bancarios y mediante la obligatoriedad impuesta a las empresas públicas -a excepción de Ferrocarriles- para endeudarse con los bancos y en el exterior. Como resultado de tal reforma se delegó en las entidades bancarias la fijación de las tasas de interés alimentadoras del proceso inflacionario, hizo su aparición el déficit cuasi fiscal que en forma creciente afectó las cuentas públicas y generó, luego de la crisis del sistema en 1980-81, la pérdida de los depósitos de gran cantidad de pequeños ahorristas por la quiebra de importantes bancos.

Vencido el mandato que Videla recibiera de la Junta Militar, en marzo de 1981 debió producirse su relevo[20]. Esta instancia abrió el camino a ciertos enfrentamientos al interior del Ejército y entre éste, la Armada y la Aeronáutica. El sucesor jerárquico de Videla en la jefatura del Ejército, el general Viola, concluyó su comandancia al frente del ejército a la espera de su designación como Presidente. Sin embargo fue enfrentado por el tercer comandante en jefe del Ejército durante el PRN, Leopoldo Galtieri, quien logró su objetivo de desplazarlo casi un año más tarde. Por otra parte, no fueron disimuladas las apetencias del almirante Massera para convertirse en el primer presidente surgido de la Marina.

Quebrado el frente monolítico de las Fuerzas Armadas y ante los resultados de la gestión económica de Videla-Martínez de Hoz[21], el régimen militar entró en crisis, debiendo soportar la primera huelga general en tantos años, el 30 de marzo de 1982.

Las dificultades internas quedaron postergadas frente a la opinión pública cuando, el 2 de abril de 1982, en un operativo conjunto, las Fuerzas Armadas recuperaron para la soberanía argentina a las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. El plan original[22] contemplaba dejar una pequeña guarnición argentina, lo que hubiese tornado injustificable una respuesta armada de Gran Bretaña, pero podría haber permitido alcanzar el objetivo de reactivar las tratativas diplomáticas estancadas en los años previos. Sin embargo, el abandono de ese proyecto y la militarización de las islas, hicieron fracasar las negociaciones que comenzó a desarrollar el secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig. Ello derivó en la iniciación de las acciones bélicas de la Guerra del Atlántico Sur.

Balance del período

Al concluir el gobierno militar, sus dos áreas de acción más específicas eran, a la vez, los principales centros de conflicto; la lucha contra la subversión y la situación económica. Pero, ahora, por efecto de sus propias responsabilidades.

Durante los años 1983 y 1984 las secuelas de la lucha contra la subversión ocuparon al periodismo que descubría así, tras la derrota de Malvinas y con una fuerte carga de amarillismo, un tema sobre el que se había guardado de publicar, salvo honrosas y caras excepciones[23]; se hizo público todo el proceso ilegal de desaparición forzada de personas y se confirmaron las sospechas en torno a su destino final: el asesinato masivo. Las cifras de desaparecidos en esos años varían según la fuentes; aceptando la conclusión del informe elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), presidida por el escritor Ernesto Sábato, se ubica dicho número en más de 9.000 casos. Por su parte, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos[24] tienen estimaciones cercanas a los 30.000 desaparecidos.

El espectro político sufrió importantes modificaciones, con una izquierda endeble, un peronismo sin conducción, y nuevos realineamientos partidarios. Todo esto era consecuencia de la persecución de la dirigencia política realizada durante aquellos años pero, fundamentalmente, de los cambios operados en la estructura productiva y su influencia en las filiaciones culturales. Desaparecidas las empresas pequeñas, medianas e, incluso, algunos grandes conglomerados, el empleo industrial descendió como resulta notorio en la afiliación de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) o del Sindicato de Mecánicos (Smata). Pero ese descenso es aún más notorio si se lo compara con el crecimiento relativo de los gremios de servicios, como bancarios, comercio, educación.

Sin embargo, la desaparición de puestos de trabajo en la industria no fue compensada por el crecimiento en otros rubros, lo que produjo una importante migración hacia el cuentapropismo. La proliferación de kioscos, taxistas, servicios domiciliarios unipersonales, pequeños comerciantes, son representativos de tal tendencia. Las personas involucradas en tales cambios no mejoraron su nivel de ingresos aunque hayan cambiado sus expectativas de consumo y pautas culturales en el pasaje de la relación laboral dependiente a la independencia económica individual.

Por su parte, el proceso de endeudamiento fomentado por el Estado en las empresas públicas, y facilitado por la apertura financiera, dejó como saldo una importante deuda externa que maniató las alternativas de política económica de allí en más[25]. Fortalecidos los sectores más concentrados y, a la vez, diversificados de la economía, y las empresas y bancos con intereses transnacionales, el Estado argentino quedó en una endeble posición para revertir los cambios operados por el PRN.

SEGUNDA PARTE

La Política Económica de Martínez de Hoz

(1976-1981)

«La economía argentina no tiene ningún mal básico ni irreparable. Tiene una extraordinaria potencialidad a través de sus recursos humanos y naturales.»

José A. Martínez de Hoz,

2 de abril de 1976.

El 24 de Marzo de 1976 la Junta de Comandantes en Jefe de las tres fuerzas armadas, responsable del golpe militar, designó formalmente a su primer Presidente; y éste a su gabinete, el día 29. Cuatro días más tarde, el Ministro de Economía designado utilizaba la cadena nacional de radio y televisión durante dos horas y media, para explicitar los objetivos y las primeras medidas de una gestión que rompería los récords de permanencia de ese tipo de funcionarios en un gobierno argentino. En su discurso trazó los rasgos del diagnóstico que él y su equipo efectuaban de la realidad económica del país. La frase que encabeza este trabajo permitía suponer que la instauración de la dictadura no correspondió en lo esencial a los aspectos económicos, en el conjunto de críticas con que el autodenominado «Proceso de Reorganización Nacional» intentó justificar su irrupción.

Sin embargo, la coincidencia entre la práctica económica y la acción sociopolítica del período 1976-1981 no es fortuita. Los objetivos del equipo económico y los del gobierno militar tenían puntos centrales de coincidencia. No se intentó modificar problemas operativos o coyunturales, sino la base misma de las relaciones sociopolíticas del país. El «disciplinamiento social» propuesto como único remedio para la viabilización de la Argentina, fue encarado desde dos vertientes complementarias[26]. Por un lado, la represión que se extendió mas allá de la subversión, para inmiscuirse en todos los ámbitos con una política de terror hacia los opositores más lúcidos, y alimentando una prolija desinformación hacia los más distraídos.

Por otra parte, la gestión del Ministerio de Economía, inserta en el marco represivo, puso en práctica diversos instrumentos de política económica tendientes a encarar la reconversión de los mecanismos históricos de negociación entre sindicatos y empresarios, y de las tensiones distributivas entre distintos sectores de la economía.

La vigencia de las políticas represivas del régimen autoritario fue la condición necesaria para la implantación de cambios profundos en la estructura productiva y en las relaciones socioeconómicas. Pero el estilo mismo de la política económica adquirió rasgos autoritarios si se tiene en cuenta la impermeabilidad del equipo económico a las críticas ensayadas tanto desde afuera, como desde dentro del Ministerio y de los factores de poder.

La existencia de críticas desde todos los sectores de la economía, como el mismo Martínez de Hoz reconoció en determinado momento, deja al descubierto una cuestión central. ¿Cuáles fueron los sustentos políticos de una gestión que se prolongó durante cinco años?

Debemos interrogarnos, además, acerca de otros puntos. ¿Qué condicionamientos, si es que hubo, pusieron las FFAA al equipo económico? La identidad entre el equipo económico de Martínez de Hoz y las FFAA en torno al diagnóstico que realizaron sobre la situación del país y los objetivos que se propusieron, ¿se prolongaron en el tiempo, a medida que se iban conociendo los resultados de la gestión? ¿Hubo modificaciones sustanciales a medida que se conocían los resultados? ¿Qué sectores fueron perjudicados y cuáles beneficiados?

Para intentar una respuesta a estos interrogantes, este trabajo se divide en cuatro secciones. La primera de ellas intentará dar cuenta del diagnóstico efectuado explícita e implícitamente por Martínez de Hoz y el equipo de economistas que lo acompañó y a las FFAA, al comienzo del gobierno militar. Con ello procuramos desentrañar los supuestos básicos en que se basó el plan económico.

En la segunda sección se hará un detalle de los objetivos manifiestos del Ministro, y de aquellos que se derivan de su visión del mundo y la economía.

Los instrumentos de política económica utilizados a lo largo de los cinco años serán el objeto de la Tercera Sección. El análisis de los mismos se efectuará considerando que toda la gestión constituyó una unidad, y que el denominado «nuevo plan» de finales de 1977 fue un cambio instrumental pero no de objetivos. El escalonamiento en el tiempo de las distintas medidas económicas respondió a una secuencia de encadenamiento lógico del plan a largo plazo, salvo en aquellas oportunidades en que determinadas medidas fueron ejecutadas en reemplazo de otras que habían demostrado su ineficacia para los fines buscados. Esta última alternativa es notoria en las variantes adoptadas para combatir la inflación (Ferrer, 1983).

En la última sección se efectuará un somero balance de la gestión y de algunos elementos de análisis político ensayados en la explicación de la experiencia económica 1976-1981.

I

El diagnóstico de la situación socioeconómica

Cuando los operadores políticos efectúan diagnósticos de una situación determinada, como corte coyuntural a un proceso histórico, en general es posible distinguir dos grandes niveles de abstracción en sus postulados. Por una parte, el diagnóstico circunstancial, que es aquel que se nutre de elementos manifiestos del contexto. La descripción de datos y cifras extraídas de los indicadores económicos puede prestarse a selecciones arbitrarias de los mismos, con intenciones políticas; esto es, dentro de una práctica de obtención de poder. Además, este tipo de diagnóstico no considera procesos de largo aliento, aunque subraya las consecuencias de su posible evolución a corto plazo. En segundo lugar, y aún dentro del diagnóstico circunstancial, subyace una visión más profunda que atiende a la descripción y crítica de conductas o condiciones de funcionamiento del sistema socioeconómico. Es posible también, presentar un diagnóstico profundo con independencia de datos circunstanciales. En este segundo caso, el acento estará puesto en las acciones e interacciones de los actores económicos partícipes del mercado.

En ambos casos (diagnóstico circunstancial y diagnóstico profundo), los postulados expuestos son partícipes de un paradigma social, de una cierta visión del mundo o ideología, que tiñe las percepciones o, en el peor de los casos, anticipa las conclusiones del operador colocado en posición de obtener o resguardar posiciones de poder.

Cuando Martínez de Hoz y las FFAA presentaron a la sociedad su diagnóstico de la situación nacional, obviamente hicieron referencia a datos circunstanciales, pero también expusieron indicios acerca de su concepción profunda de la Argentina. La visión militar y la visión económica se apoyaron mutuamente para generar políticas concordantes, pues compartieron a grandes rasgos sus diagnósticos y sus objetivos.[27]

Esta interrelación entre la acción económica y la acción política no es exclusiva del caso que nos ocupa, ya que «los intentos de separar una esfera de actividad real llamada ‘economía’ de otra esfera de actividad real llamada ‘política’ están condenadas a la frustración y el fracaso. Casi ningún sector de la política de las sociedades modernas está despojado de la economía, y viceversa; incluso aparte de las cuestiones de intervención gubernamental, gran parte de la economía moderna es política porque las empresas, los sindicatos y otras organizaciones procuran ejercer control sobre los otros». (Keohane, 1988).

No se trata sólo del destino común de las prácticas implementadas desde una u otra esfera. Para comprender el golpe militar del ’76 es necesario recordar los datos que permitieron justificar la implementación de la dictadura. Dos cuestiones centrales ocuparon el diagnóstico global que «creó» el consenso social necesario para derrocar al gobierno de Isabel Perón. El tema dominante lo constituyó la subversión de izquierda, que junto a la acción de la Triple A, generó un clima de inseguridad que fue utilizado para difundir la idea de inoperancia del sistema político. La otra prioridad fue asignada a la economía. En los meses previos al golpe, todos los indicadores significativos para el conjunto de la población registraron valores de connotaciones negativas.

La conjunción de ambos procesos no sólo justificó la concreción del golpe militar, sino que además, consumió las posibilidades de los sectores moderados para realizar cualquier acción en sentido contrario. En la aparición de este clima social puede observarse la interrelación entre las prácticas económicas de los sectores de poder y las finalidades políticas desplegadas a costa de circunstancias perdidas. El aumento de los índices de inflación, la baja coyuntural en la comercialización de algún artículo de consumo, o el cese en la importación de insumos necesarios para la industria por la escasez de reservas, fueron costos económicos pagados en función de una política de golpe militar clásico según los cánones de 1955 ó 1966, y que, por lo tanto, debía redundar en la estrategia de largo plazo de incremento de riqueza.

De esta forma, la creación de las condiciones necesarias para efectivizar el golpe militar tuvo lugar en los meses previos, con el auxilio de actores económicos privados, dando lugar a los elementos que constituyeron el diagnóstico circunstancial o de coyuntura. Pero en ellos subyacían las expectativas clásicas de los agentes económicos. Sin embargo, la sorpresa fue la visión crítica, que de esos mismos actores, contenía el diagnóstico profundo.

El diagnóstico de coyuntura

Desde el punto de vista circunstancial el diagnóstico se centró en:

– La alta posibilidad de un desborde inflacionario;

– el virtual estado de cesación de pagos externos;

– la disminución del nivel de actividad económica desde el segundo semestre de 1975;

– el déficit fiscal;

– una brecha cambiaria cercana al 300%, y

– el bajo nivel de reserva de divisas y su casi nula disponibilidad.

Estos datos se convirtieron en acusación a la administración justicialista por su desempeño equívoco en la administración estatal. Sin embargo, el accionar político previo al 24 de Marzo tiene su importante cuota de responsabilidad.

Si dejamos de lado el «Rodrigazo» de mediados de 1975[28], podemos concentrarnos, a modo de ejemplo, en la aceleración inflacionaria. En el mes de Diciembre de 1975, la tasa registrada fue del 12%; en Enero siguiente, 15%; en Febrero, 29%; y en Marzo 38%. Este rápido deterioro comenzó con el discurso del entonces Teniente General J.R. Videla, para las Navidades del 75 en Tucumán, cuando revistaba como Comandante en jefe designado por el Gobierno Democrático. En esa oportunidad fijó implícitamente un plazo de noventa días para que el conjunto político cambiara el rumbo. Sin embargo, la advertencia tuvo el efecto (¿deseado?) de inmovilizar a los dirigentes del oficialismo y de la oposición, ante el espectáculo del golpe anunciado. Pero, por otra parte, un vespertino de Buenos Aíres se encargó de llevar un prolijo conteo del paso de los días, incidiendo no sólo en los grandes operadores económicos generalmente bien informados, sino fundamentalmente en la pequeña y mediana industria y en el comercio. La instauración de la dictadura se convirtió en un secreto a voces, y la racionalidad y el egoísmo que la teoría económica adjudica a los participantes del mercado, se tradujeron en conductas de autoprevención que auxiliaron al cumplimiento de la profecía. A los noventa días, el 24 de Marzo de 1976, ninguna variable económica podía ser manejada por el gobierno depuesto.

Algunas variables económicas previas al 24 de Marzo de 1976

Evolución del INDICE DE PRECIOS Minorista

Diciembre 1975 12%

Enero 1976 15%

Febrero 1976 29%

Marzo 1976 38%

RESERVAS DE DIVISAS de LIBRE disponibilidad

725 millones de U$S 20 mill. de U$S

PRODUCTO BRUTO I Trimestre 1976: -5%

BRECHA CAMBIARIA (dólar oficial/dólar mercado paralelo): 300%

* Datos extraídos de la bibliografía utilizada *

El diagnóstico estructural (profundo)

Otro dato se encontraba presente implícitamente en las críticas y las culpas adjudicadas al peronismo. Ellas fueron diseminadas indistintamente para el gobierno y para todo el aparato estatal, favoreciendo la creencia general en un Estado omnipotente capaz de manejar todas las variables económicas. El razonamiento indicaba que la ineficiencia no fue patrimonio del peronismo, sino de toda la concepción del Estado. Esta certeza popular (que merecería una amplia investigación) fue utilizada para descargar sobre las instituciones democráticas la responsabilidad por el deterioro del salario real. Por lo que puede concluirse que los rumores y las señales golpistas deterioraron la situación económica a un grado superlativo, creando el campo propicio para la ruptura institucional.

Paradójicamente, la Deuda Externa argentina ocupó en ese mecanismo un lugar central. Vencimientos por seis mil millones de dólares, aproximadamente, no encontraron facilidades para su refinanciación, ni nuevos préstamos que permitieran el pago de los servicios[29]. Quedará por dilucidar las causas de tal actitud por parte de los banqueros extranjeros. Pero, magnificadas por los medios de prensa las supuestas consecuencias para el país por el tamaño alcanzado por la deuda, las obligaciones externas del país comenzaron a ser tema de discusión cotidiana; al igual que, ya durante el proceso, otros tecnicismos económicos, habitualmente lejos del discurso de las clases medias y bajas, desplazaron otros temas de las conversaciones casuales.

El círculo vicioso conformado por la información periodística – deterioro de las variables económicas – expectativas de agravamiento de la situación, puso en evidencia, además del clima de golpe de estado, algunos elementos constitutivos del diagnóstico profundo ensayado por el nuevo equipo económico, en el que subyacían argumentos explicativos de mayor envergadura.

Los elementos que constituyeron el diagnóstico circunstancial de la economía argentina de principios de 1976, fueron atribuidos a un conjunto de «irregularidades» que sufría la Argentina, como ser:

– el estilo de relacionamiento entre asalariados y empresarios,

– la distorsión existente entre los precios relativos,

– la perduración de un modelo de acumulación y crecimiento, originado en el proceso de sustitución de importaciones,

– la participación distorsionante del Estado en distintos mercados.

La crítica al desarrollo económico logrado por el país hasta ese momento involucraba no sólo al tipo de relaciones establecidas entre los distintos sectores socioeconómicos; además, se involucraba al cúmulo de realizaciones que llevaron al país a su propio desarrollo. Estaba en tela de juicio todo el aparato productivo, al que se acusaba de INEFICIENTE y, en buena medida, de SUPERFLUO.

Según Aldo Ferrer (1980), el concepto de ineficiencia que utilizó el equipo económico fue el referido a la asignación de recursos (internos) en comparación con la estructura de precios vigente en el mercado internacional. De esta opción se desprende el siguiente razonamiento propio del equipo de economistas del PRN: la Argentina es un país naturalmente dotado para la explotación de la agricultura y la ganadería, y obtuvo importantes réditos en el comercio internacional mientras asignó sus recursos a dicha actividad. Las medidas proteccionistas, arancelarias, cambiarias o de legislación que indujeron desde el Estado el proceso industrializador, distorsionaron la estructura productiva. La industria resultante no se encontraba en posición de contribuir significativamente al comercio exterior a pesar de los recursos que el país le asignó.

Esta traducción sintética del razonamiento del golpismo económico nos permite inferir cómo quedó desatendido el problema de la «eficiencia operativa», y lo que ello significa respecto al objetivo de pleno empleo para una población creciente. Cuando se hace referencia a la asignación de recursos se está criticando la «decisión que llevó a elegir las actividades» (Diamand, 1973); pero en perspectiva histórica cabe discriminar el momento y el actor de aquellas decisiones, para comprender la posición desde la que se hace la crítica.

En líneas generales, la industrialización de la Argentina tuvo lugar como proceso de sustitución de importaciones, con especial énfasis en los períodos en los cuales el mercado internacional no pudo abastecer al país de productos manufacturados. Estas situaciones fueron: la distorsión de los aparatos productivos europeos o norteamericanos por causas bélicas, la carencia de divisas producida por una merma en las ventas agropecuarias al exterior, la carencia circunstancial de crédito externo para financiar importaciones. Este tipo de situaciones impulsó a actores privados a la inversión en sectores industriales, y fueron acompañados, eventualmente inducidos, por decisiones políticas que estructuraron el sistema estatal de protección; sistema arancelario que comenzó a ser desmontado por Krieger Vasena durante el gobierno de facto de J. C. Onganía, continuando más tarde Martínez de Hoz.

Los argumentos esgrimidos por el ministro y su equipo para desmontar la protección a la industria nacional fueron extraídos de la visión ricardiana de las ventajas comparativas[30]. Según aquella teoría, el país se desarrollaría en mejores condiciones especializándose en producir aquello para lo que estuviera mejor dotado, ya sea por recursos naturales, capitales o mano de obra especializada.

La tecnología agropecuaria, parte del factor capital del país, siguió siendo la principal fuente de divisas aún en el apogeo del modelo de industrialización forzada o sustitución de importaciones. Por ello, en parte, es que el equipo de economistas cuestionó e intentó poner en reconsideración todo el aparato industrial para dejar al descubierto qué sectores eran competitivos en el ámbito internacional, una vez despojados de proteccionismo.

«Acero o caramelos»[31] (lo que mejor se pueda ubicar en el mercado internacional) fue la opción esgrimida por el equipo económico, poniendo a las industrias pesadas o estratégicas en pie de igualdad respecto de las terminales de consumo. Esta consideración del más crudo liberalismo, se contradecía con la posición histórica de las FFAA. Aquella que fue enunciada a comienzos de la década del cuarenta, en plena guerra mundial, y que sostenía la imprescindible necesidad de una industrialización de base para el país, y que incluso iba más allá, proponiendo la acción estatal en tal sentido, por la pereza privada en tales inversiones[32]. La industria pesada fue considerada por entonces, como prioritaria para consolidar el poder de independencia del país. Pero las FFAA del 76 coincidieron o, aún por omisión, concedieron ante los nuevos planteos liberales.

La asignación de recursos que ahora se cuestionaba había permitido desarrollar el parque industrial más extenso de Latinoamérica, ampliar la población activa y diseñar un completo sistema de bienestar social. El país así estructurado había permitido el fortalecimiento de uno de los actores sociales más cuestionados: el sindicalismo. Pero como contrapartida, logró la perduración de las relaciones capitalistas de producción frente a las migraciones internas y el aumento de la población. (Rouquié, 1982).

La capacidad de presión del sindicalismo, el costo que implicaba el «welfare state«[33] y la productividad de las empresas del sector público (y también del privado) que se consideraba baja, completa el diagnóstico de ineficiencia en términos de una hipotética competencia internacional, que junto al cuestionamiento por la asignación histórica de recursos realizada fundamentalmente por el Estado, justificaron un programa tendiente a la «revolución» de la economía argentina.

Según Felman y Sommer (1986) el mantenimiento de altas barreras arancelarias para inducir el proceso de sustitución de importaciones fue considerado en el diagnóstico profundo del equipo económico, como el culpable de las características perversas con que ellos describieron a la industria nacional. Tras el golpe del 24 de marzo, la estructura productiva de carácter industrial fue acusada de ser internacionalmente ineficiente, de haberse estructurado en escalas de producción inadecuadas por lo cual los costos de esa ineficiencia eran pagados por el consumidor argentino. Por ello, los precios industriales estaban independizados de los precios internacionales y las remuneraciones no se correspondían con criterios de productividad, fomentando una alianza política entre industriales y sindicalistas. Además, discriminó la producción agropecuaria exportable, transfiriendo recursos generados en el sector agropecuario a los sectores urbanos, en lo que consideraron lisa y llanamente una sustracción. Por otra parte, la industrialización por sustitución fue acusada de generar crisis recurrentes en la balanza de pagos, supuestamente por la presión que, en la fase expansiva del ciclo, los volúmenes crecientes de importaciones destinadas al sector industrial ejercían sobre el nivel de reservas, reservas que no crecían adecuadamente porque las altas barreras proteccionistas discriminaban sobre la actividad agropecuaria.

Este conjunto de características que, según los economistas del Proceso, habían sido provocadas por el proceso sustitutivo, derivaron en ciertos mecanismos de funcionamiento de la sociedad, vista desde una perspectiva de mercado. En este diagnóstico, entonces, el consumidor se encontraba indefenso ante la ineficiencia de toda actividad protegida, pues la protección permite a empresarios y sindicatos, fijar salarios y precios de una rama de actividad con independencia de los gobiernos, los clientes y los consumidores. Se estableció así, una puja distributiva con otras ramas de la economía. En contraposición, opinaba Martínez de Hoz, el mercado funcionando libremente, haría que cada empresa, considerada individualmente, se ajustara al mismo. (Canitrot, 1980)

En este razonamiento subyacían las críticas al papel jugado por el Estado, y se entendió que cabría corregir el tamaño y las funciones que el mismo había adquirido. En este caso, las acusaciones se refirieron a la capacidad del Estado en el manejo de variables como precios, impuestos y tipo de cambio, que le permitían asignar y distribuir recursos arbitrariamente; actitud que podía observarse en el manejo del crédito y los distintos mecanismos de seguridad social. Desde el punto de vista administrativo, su tamaño e ineficiencia contribuían a que se apropiara de un porcentaje desmesurado del Producto Bruto en concepto de Gasto Público. Ello obligaba a un crónico déficit del sector público, generador de expansión monetaria, y por lo tanto, de inflación, que tendía a destruir el mercado de capitales y provocaba que el crecimiento de la economía fuera lento e inestable. (Feldman y Sommer, 1986)

De estos diagnósticos se desprendían algunas de las causas con que se explicó la persistente inflación en la economía argentina. Amén de haber sido utilizado como un arma desestabilizante del gobierno peronista, la política anti-inflacionaria ocupó un lugar central en todas las estrategias diseñadas por el equipo de Martínez de Hoz.

Sin embargo, una muy clara limitación a las políticas tradicionales de lucha anti-inflacionaria ideadas por el neoliberalismo, fue fijada por las FFAA. «Las Fuerzas Armadas habían vetado desde un principio, invocando razones de seguridad, toda política económica que significara un alto nivel de desempleo. Más allá de esta innovación circunstancial, la decisión reflejaba la posición tradicional de la corporación militar sobre la cuestión social. Las Fuerzas Armadas, en franca oposición a la ideología del neoliberalismo, visualizan un orden social óptimo donde la clase trabajadora ocupa una posición subordinada pero protegida. Protegida especialmente de las vicisitudes emergentes del funcionamiento de una economía de mercado (…), el proyecto del gobierno militar fue concebido como un proyecto de disciplinamiento y no de desmantelamiento del sector industrial». (Canitrot, 1980) (Ferrer, 1981-83).

La «lucha contra la inflación» se convirtió en el latiguillo sobre el que habrían de cabalgar todas las estrategias tendientes a modificar la sintomatología del diagnóstico profundo.

Los objetivos del equipo económico

Si bien la inflación se manifestó como la principal obsesión a lo largo de toda la gestión del equipo de Martínez de Hoz, el primer objetivo planteado estuvo referido a retomar el control de la economía, desbocada en el proceso de gestación del golpe.

Este objetivo se cumplió en el perentorio plazo de tres meses, permitiendo hacia Julio de 1976 el inicio de una segunda fase (Sourrouille… 1985), y demostrando la artificialidad de la situación previamente creada.

Despejada dicha situación inicial, el gobierno pudo abocarse a los objetivos explícitos que estuvieron referidos a:

– lograr el saneamiento monetario y financiero;

– acelerar la tasa de crecimiento;

– redistribuir el ingreso (preservando los salarios) para favorecer una mayor productividad;

– reducir drásticamente la espiral inflacionaria, y

– obtener un margen mínimo de maniobra en el manejo de las reservas internacionales.

Sin embargo, como quedó dicho, existieron objetivos implícitos de más largo alcance y profundidad. Ellos pueden ser agrupados en cuatro grandes conjuntos: liberalización de los mercados, apertura de la economía, replanteo de las relaciones entre los distintos sectores de la economía y reducción del gasto público (como causa estructural de la inflación).

Liberalización de la economía

La liberalización de la economía fue un objetivo central desde la perspectiva ideológica de la que se nutría todo el modelo. Filosóficamente se postuló establecer los mecanismos que permitieran el funcionamiento de mercados libres, desregulados e independizados de la acción del Estado. El hecho de limitar la participación estatal procuraba reducir el sector público, razonamiento que partía de una visión que le adjudicaba al Estado un rol secundario (Sourrouille… 1985). Las limitaciones que pudieran obtenerse respecto del accionar estatal sobre la economía, tendrían un efecto duradero en tanto alcanzaran la suficiente profundidad como para evitar que, en el futuro, cualquier gobierno que eventualmente debiera administrar los asuntos públicos, no pudiera reinstalar controles, subir aranceles, disponer arbitrariamente de recursos financieros y bancarios.

Los mecanismos habitualmente utilizados por el Estado para intervenir en la economía (esto es, para mediar en las relaciones sociopolíticas) eran, entre otros, la adjudicación de líneas crediticias especiales a través de la banca oficial, la desgravación impositiva selectiva, la inversión directa en infraestructura especial, el emprendimiento directo en industrias pesadas o estratégicas[34], la determinación del salario y de precios mínimos. Para poner en funcionamiento tales mecanismos, los instrumentos tradicionales fueron la acción legislativa, el manejo discrecional de la banca pública, la emisión monetaria sin respaldo de divisas, la alteración del tipo de cambio (devaluación). Históricamente, estos resortes de poder se desarrollaron desde la década de 1930 y, en especial, a partir de los años cuarenta, a través de la construcción de un aparato estatal con poder decisorio para aplicar tales mecanismos. La idea subyacente en el equipo de Martínez de Hoz, como se verá más adelante, era la de transferir dicho poder a otros actores.

Tal como se explicita luego, en algunos mercados estos resultados fueron obtenidos, no así en otros. El caso más notorio correspondió al del mercado financiero, que fuera reestructurado a principios de 1977 mediante la Ley de Entidades Financieras. Las características adquiridas a partir de entonces hicieron de este sector un núcleo muy resistente al cambio.

Esta intención de establecer transformaciones duraderas (restricciones) en la capacidad del Estado para intervenir activamente en la esfera política por la vía económica (capacidad de reasignar poder mediante instrumentos de riqueza), condice con el objetivo de apertura de la economía. Profundizando el proceso de transnacionalización de la economía argentina, se suponía que los afectados serían aquellos grupos nacionales con capacidad política potencial (en gobiernos democráticos o autocráticos populistas) como para introducir modificaciones al esquema liberal de mercados abiertos y desregulados. Esto implicó «… reducir el peso económico de los sectores de la burguesía nacional interesados en la expansión del mercado interno y dispuestos a reeditar algún acuerdo con el movimiento obrero» (Jozami, 1985).

El objetivo de liberalización pretendió establecer la prevalencia del mercado como mecanismo «… regulador de las conductas de los agentes económicos que somete a todas y cada una de las negociaciones particulares a reglas objetivas impersonales y no discriminatorias». Por eso el mercado libre era visualizado «… como incompatible con la existencia de corporaciones y sus modalidades operativas de gestión: la presión, el enfrentamiento y la concertación (visualizada ésta como un acuerdo entre partes con exclusión del resto).» (Canitrot, 1980)

La liberalización de la economía, respondiendo a un paradigma de pensamiento que comenzaba a recuperar terreno internacionalmente[35], atendió a la necesidad de disminuir las capacidades del Estado, poner a resguardo el poder de dirección política de determinados actores socioeconómicos y disminuir el peso relativo de otros actores como el sindicalismo.

En líneas generales, la pretensión se dirigía a transformar conductas históricas que, en la visión del equipo económico, perturbarían el segundo objetivo: la apertura de la economía. En tal sentido, la resistencia práctica del empresariado por ajustarse a los mecanismos de mercado, a pesar de la recurrente invocación a los postulados del liberalismo, mereció la siguiente amenaza ministerial: «… hemos observado en el pasado que ciertos sectores o empresas se han aprovechado de su situación, de alguna manera monopólica o de oligopolio en el mercado, para efectuar frecuentes o grandes aumentos en los precios. Quiero advertir que estas situaciones van a ser observadas muy de cerca y que, llegado el caso, sabemos adoptar todas las medidas necesarias dentro de la amplia gama que tiene el Estado, desde las medidas arancelarias para permitir la importación, hasta las de otro orden, para que estas empresas entren en razón y no ejerzan prácticas contrarias a una actuación leal en el mercado». (citado por Sourrouille, 1985).

Sin embargo, la no persistencia de esta actitud desafiante, que colocaba al Estado en una posición de aparente equidistancia entre los distintos actores, no implicó un abandono de sus postulados, pues lo que no podría obtenerse por la desregulación del mercado interno, se supuso poder lograrlo a través de la apertura. Pero, mientras la teoría adjudica a los distintos actores una igualdad de condiciones para participar en el mercado, las resistencias al descenso de la inflación sobre las que el Ministro alertaba, evidenciaban su conocimiento de la desigualdad implícita en las características monopólicas, oligopólicas, diversificadas, integradas o transnacionales de determinados actores. Los beneficiarios últimos de aquellos proyectos, no podían ser sino quienes se encontraban mejor preparados para afrontar conjuntamente tanto al mercado interno, como a la apertura externa.

La apertura de la economía

La apertura externa como objetivo de la política económica puede confundirse con su aplicación como instrumento antiinflacionario o de corrección de las conductas de algunos agentes. De hecho, constituyó un instrumento para tales fines, además de un fin en sí mismo.

Como objetivo central de la política económica, la apertura llevada a cabo por M. de Hoz adelantó lo que luego se convertiría en un requerimiento de instituciones financieras internacionales.

En referencia al diagnóstico del cual se partió, en relación con la asignación de recursos, la apertura significó «… pasar de un esquema básicamente cerrado y signado por el intervencionismo estatal agudo, a uno de apertura de la economía y de confianza en la empresa privada como sostén y motor de la economía bajo la función orientadora del Estado.» (citado por Sourrouille, 1985).

El rol que se le imprimió al Estado queda como uno de los interrogantes de carácter político, pues se utilizó todo el poder discrecional de un Estado omnipotente y autoritario para provocar su propio final. Pero, desde la actuación concreta del gobierno, la apertura contó con una clara línea de igualdad entre empresas nacionales y extranjeras, tal como se deduce de un conjunto de leyes: de Promoción Industrial, de Tecnología, de Inversiones Extranjeras; en ellas, el tratamiento otorgado a los agentes económicos era similar, independiente del origen de las empresas y sus capitales.

La política de apertura como objetivo en sí mismo, tenía por función «disciplinar al mercado de trabajo y la conducta de la clase trabajadora”; pero ello requería el cumplimiento de una condición previa; esta es: disciplinar al empresario. Sin embargo, el empresariado percibió tardíamente la magnitud de este objetivo, pues en principio se recurrió a medidas clásicas: congelamiento de salarios, prohibición de protestas e intervención de organizaciones, que crearon la falsa imagen de golpe clásico[36]. (Canitrot, 1980).

El replanteo de las relaciones entre los distintos sectores de la economía, se fundó en la coincidencia entre el diagnóstico de la FF.AA. y el del equipo económico. Las pujas sectoriales y por la redistribución del ingreso generaron, según sus visiones, una modalidad perversa, que asignaba precios y salarios con independencia del mercado o de parámetros internacionales. Además, a esta especial forma de articulación de los distintos actores sociales se le adjudicó no sólo una consecuencia económica, sino también política.

La crisis diagnosticada por los fundadores del PRN era básicamente política, en tanto la situación subversiva ponía de manifiesto la incapacidad de gobernar una sociedad en la que la violencia era una manifestación más de una modalidad de articulación y relacionamiento basado en la presión, el enfrentamiento y la concertación poco transparente.

En tal sentido, fue parte del proyecto político de la FFAA «… modificar radicalmente la estructura de relaciones sociales e institucionales en la que, a su entender, residía la causa primaria de la crisis.» (Canitrot, 1981)

En coincidencia con este objetivo, se dio por terminada, implícitamente, la industrialización como objetivo de la política económica del país. Lo que significó replantear el rol del Estado en el aliento a una política de sustitución de importaciones y protección del mercado interno. Se pretendió, en definitiva, transformar la estructura productiva para cambiar el modelo de acumulación y crecimiento. (Feldman-Sommer, 1986).

Las relaciones entre sectores de la economía

El replanteo de las relaciones entre los distintos sectores de la economía, como objetivo de política, adquirió varias dimensiones. Por una parte, estaba dirigido a modificar la relación capital – fuerza de trabajo que se expresaba en las conductas de sindicalistas y empresarios en un marco cuyas características ya fueron comentadas; esto es, de fijación de precios y salarios con independencia del mercado o pautas exteriores.

En segundo lugar, el replanteo se postuló en la dimensión Estado – agentes privados. Dada la capacidad del Estado históricamente construido, para asignar recursos y distribuir poder y riqueza, el mercado libre y la apertura externa deberían tender a recortar esas posibilidades, al tiempo de procurar la propia irreversibilidad de esta tendencia. Una contradicción observable desde la propia formulación de este matiz del objetivo de transformación, fue la confianza en los recursos que brindaba el mismo Estado para generar políticas de premio y castigo a los distintos agentes. En otros términos, el PRN utilizó al Estado procurando reasignar la no asignación estatal de recursos.

En tercer lugar, también estaba dirigido a la revisión del papel estatal en las tensiones entre los sectores agropecuarios e industriales, en los que el Estado había participado orientado la reasignación de recursos, según el diagnóstico del que ya diéramos cuenta. El gobierno proponía que el Estado no interviniese en lo que consideró un problema de «eficiencia» y que, traducido a una permanente puja entre ambos sectores, redundaba en una constante presión inflacionaria. Este objetivo sería alcanzado mediante la desarticulación del sistema de protección industrial, la apertura a la competencia externa y estableciendo igualdad de condiciones en ambos sectores para negociar sus necesidades de dólares y pesos en un mercado único y libre de cambios.

Por último, una cuarta dimensión, menos explícita que las anteriores, estuvo referida al comportamiento de las distintas ramas industriales y la «benevolencia» de la que gozaron algunos grupos empresarios en contraposición a otros (obsérvense los casos Trozzo, Greco y Sasetru)[37]. Si bien esta intención de favorecer a determinados grupos empresarios no era manifiesta en la formulación de objetivos, el accionar parcializado de los funcionarios de área, alejó la expectativa de equidistancia estatal y desnudó «tendencias favorables» para con algunos grupos en especial. Cabe acotar que la supervivencia de grupos empresarios y su expansión quedó librada, en líneas generales, a la capacidad de comprensión y adecuación al fenómeno que el Proceso representó.

El replanteo de las relaciones y formas de articulación de los distintos agentes de la economía consistió, en definitiva, en cambiar el modelo de acumulación y crecimiento, transformando la estructura productiva (Canitrot, 1981; Feldman y Sommer, 1986; Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 1986). Significó además la intención de replantear la capacidad de injerencia política del poder económico, reagrupando la potencial influencia de cada actor en una perspectiva tan profunda que hicieron irreversible tal proceso, por lo menos en el mediano plazo.

El gasto público

Un cuarto conjunto de objetivos se dirigió a atender lo que fue considerado como causa estructural de la inflación: el déficit del sector público. Para alcanzar la reducción del gasto fiscal, Martínez de Hoz propuso redimensionar la actividad estatal «atacando simultáneamente cuatro áreas: 1.- la racionalización de la administración central; 2.- la eliminación del déficit de las empresas estatales; 3.- reducción gradual y eliminación del aporte federal para cubrir los déficits en los presupuestos provinciales; y 4: encuadramiento de las obras públicas en los límites máximos posibles permitidos por una financiación genuina y no inflacionaria». Respecto al primer punto, el análisis se centró en la dotación del personal, mientras que en el segundo punto estableció una clara diferenciación entre aquellas empresas «que por diversas razones no se puede o no conviene que sean realizadas por empresas privadas (por ejemplo ferrocarriles)»[38], y «aquellas que han sido intervenidas o tomadas por el Estado para conservar fuentes de trabajo por falencia de las empresas privadas respectivas»[39]. (discurso del 2 de Abril de 1976).

En el caso de la administración central, la racionalización de personal apuntó a dos circunstancias bien definidas; por una parte, a desarticular los resabios keynesianos que primaron en la conformación de un Estado con fuerte incidencia tomadora en el mercado de trabajo, capaz de disimular posibles índices de desempleo y nivel salarial de mercado, como un aspecto más en su carácter asistencialista y dinamizador. En otro orden, la conformación histórica de los planteles de agentes estatales en el nivel de ministerios y demás organismos, tendió a la consolidación de sectores burocráticos, con un sistema de lealtades políticas propias disociadas, la mayoría de las oportunidades, de los ámbitos jerárquicamente superiores. Estas hipotéticas trabas a la implementación de políticas, que convirtieron al Estado en una compleja maquinaria de especial gravitación en la reproducción de las reglas de juego atenientes al conjunto de la sociedad, constituían impedimentos a sortear para la ejecución tanto de medidas administrativas con cierto grado de innovación, como de reformas estructurales.

Por otra parte, dadas estas características, la burocracia estatal contaba con agrupaciones sindicales de indudable participación; dentro del clima represivo general y de proscripción de dirigentes e intervención a sindicatos, la desarticulación de grupos potencialmente opositores debió jugar un difícil equilibrio entre la supresión de focos de rebeldía y un funcionamiento burocrático aceptable. El Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, aprobado por Videla – Martínez de Hoz que, lejos de recortar prerrogativas onerosas para el Estado y pasibles de sanción por la filosofía global del PRN, solidificó el funcionamiento lento y masivo de la burocracia estatal, puede ser interpretado como el resultado de una negociación en donde se intentó preservar aquel equilibrio.

En el siempre controvertido tema de las empresas estatales la doctrina de privatización, que también comenzaba a ganar terreno internacional lentamente, debió enfrentar dos tipos de obstáculos; uno de ellos, derivado de la tradicional posición de las FFAA respecto a aquellos sectores de la economía que se consideraban estratégicos para la seguridad nacional, se materializó como disputa dentro mismo de la alianza gubernamental. Por otra parte, la calidad de proveedores de las empresas del Estado o de usufructuarios de sus servicios deficitarios y, por lo tanto, beneficiados por menores costos, de una gran parte (sino la totalidad) de las principales empresas del país, degradó el objetivo a la búsqueda de posiciones intermedias que permitieran la generación de consenso y acumulación de fuerza política capaz de encarar el desprendimiento de la esfera estatal de dichas empresas públicas[40].

En tal sentido fue notable la alianza entre el equipo económico y ciertos medios de difusión privados y estatales, que llevaron a cabo una intensa campaña publicitaria bajo el lema «achicar el Estado es agrandar la Nación». Se trató de generar un consenso que permitiera la reducción del aparato estatal que había posibilitado la reasignación de recursos que entonces se cuestionaba. Si bien el destinatario de tal campaña fue el público en general, ésta se dirigió primordialmente a aquellos actores con capacidad de decisión, imbuidos de un paradigma que tenía por eje central la capacidad del Estado para contar con instrumentos de arbitraje social. Las advertencias que se le realizaron al empresariado tuvieron dos temas centrales; por una parte, respecto a la necesidad de transformar conductas perversas que se valían de los servicios estatales deficitarios para lograr que éstos tuvieran escasa incidencia en los costos. Por otra parte, acerca de la burocratización estatal, que exigía una asignación crecientes de desmedidos recursos, por la vía de la contratación de obras públicas y provisión de abastecimientos.

La desatención de los déficits provinciales, salvados habitualmente por recursos federales, procuró la implementación de políticas de ajuste del gasto estatal a la limitada escala de los recursos regionales, en tanto el acceso al crédito quedaba restringido a sus posibilidades de absorción, con lo cual cristalizarían las desiguales capacidades de acceso a la modernización de las zonas nordeste y sur del territorio. En sentido opuesto, con la promulgación de las leyes de promoción como la 22.021 (La Rioja)[41], la transferencia de recursos nacionales por coparticipación de impuestos federales, fue reemplazada por subsidios a empresarios que debieron haber provocado el mentado efecto modernizador. Con la continuidad histórica de tal tipo de políticas, se acentuaron las falencias del sector público que se pretendía combatir, sentando como contrapartida la presencia de beneficios privados sin responsabilidad social (Schvarzer, 1987).

Por su parte, la intención de racionalización (o desaparición formal) de la participación estatal en obras públicas atendió, amén de la mencionada revisión del paradigma keynesiano, a promover y justificar la concreción de contratos de concesión de obras de infraestructura[42]. Si bien con ello se promovía la inversión de capitales privados, tanto las garantías prestadas por el Estado a los bancos extranjeros que prestarían asistencia crediticia a los beneficiados por las respectivas licitaciones (en las que el municipio porteño estableció un claro liderazgo), como la desigual distribución entre posibilidades o interés inversionista y las necesidades reales de asistencia estatal según capacidades regionales y densidad de población, la política implementada concluiría con un nuevo y desproporcionado esfuerzo de las cuentas nacionales[43].

Luego de recuperado el control sobre los principales indicadores de la economía, el conjunto de objetivos planteados tendió a una transformación profunda (estructural o revolucionaria) de la sociedad y el Estado. Las condiciones iniciales de las que partió el PEN permitieron la utilización del aparato estatal y de todo el instrumental económico a su disposición. El equipo económico tuvo en un conjunto de dependencias la capacidad de adoptar decisiones con relativa autonomía, y una fluida relación personal con el Ministro del Interior (Albano Harguindegui) y el propio Presidente Videla para resolver mediante el uso de decretos. El principal escollo se situó en el nivel de decisiones que requerían una sanción legal, porque según los documentos liminares que organizaron el funcionamiento estatal a partir del 24 de Marzo de 1976, estas leyes debían ser aprobadas por la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), órgano interfuerzas que cumplió las funciones de negociación y veto que los distintos estamentos militares se reservaron para sí.

El tenor de los instrumentos utilizados (como se verá más adelante), aparentó atender a situaciones puntuales de la organización económica, que parecían no contradecir las limitaciones al incremento del desempleo planteadas por las FFAA. Sólo determinada continuidad en la conducción del proceso político-económico aseguró la visión macro de los cambios inducidos.

La coherencia resultante entre las distintas medidas aplicadas fue también un objetivo de no menor importancia. En especial, por el efecto duradero que se pretendió lograr en la prosecución de adjudicarle al Estado un rol secundario en el modelo de acumulación y crecimiento deseado, coartando su poder de fijador de condiciones (salarios, precios, tipo de cambio, créditos).

Conseguir este objetivo requería la modificación de la estructura de relaciones sociales e institucionales. Y éste constituía el principal punto de acuerdo con las FF.AA. y los grupos empresarios que conformaban la alianza de poder (bloque hegemónico) instaurado sobre el autoritarismo represivo.

III

Los instrumentos de política económica utilizados en el período 1976 – 1981.

Para realizar el análisis de los instrumentos de política económica utilizados por Martínez de Hoz debe considerarse el tipo de sistema político instaurado por el PRN, entendido éste como el ámbito y las reglas establecidas para que los distintos actores sociales defiendan sus intereses.

Por ello, el marco represivo es un dato insoslayable, sí bien no el único. La amplitud de matices contenidos en el rubro represivo no se limitó a la desaparición física de personas. Toda la represión ejercida afectó el sistema social, caracterizando los intereses sectoriales y, fundamentalmente, su ámbito y las reglas de expresión y disputa de los mismos.

Deben consignarse, además del régimen de terror, la intervención militar a sindicatos, a la central obrera, a algunas centrales empresariales; la prohibición de la actividad política; el control sobre los medios de difusión estatales y privados; las primeras medidas gubernamentales que congelaron los salarios nominales, al tiempo que se eliminaban los controles de precios y se provocaba una rápida devaluación del tipo de cambio oficial.

De esta forma, se desató una rápida y profunda reducción de los salarios reales, en un contexto en el que todos los canales de negociación y manifestación de intereses globales o sectoriales quedaron sumergidos en el silencio.

Desarticuladas las posibilidades de protesta, las condiciones de generación de consenso quedaron confundidas con las alternativas de la lucha contra la subversión; todo era adjudicable a la necesidad de salvaguardar los supuestos intereses nacionales respecto de la acción subversiva. Los dos primeros años del PRN estuvieron absorbidos por la represión, el año ’78 fue el de la apoteosis del mundial de fútbol, y a partir de entonces se desarrollaron las campañas contra las acusaciones internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos y aquella de «achicar el Estado es agrandar la Nación».

Fue tan sólo en las postrimerías de la administración Videla – Martínez de Hoz, cuando las disidencias entre Ejército y Armada, y las disputas internas en las fuerzas de tierra respecto a la sucesión presidencial, pusieron de manifiesto el deterioro de la alianza con los sectores empresarios que había permitido constituir un bloque hegemónico. Pudieron, entonces, comenzarse a escuchar los reclamos de ajuste de algunas de las variables que habían constituido las herramientas centrales del programa antiinflacionario. Ciertas manifestaciones del plan económico global comenzaban a ser visualizados. La sucesión de devaluaciones adoptadas por la administración Viola señaló la temperatura de un supuesto fracaso, en la perspectiva de una sociedad que aún languidecía sin poder oponer una alternativa.

Este contexto autoritario quedó marcado, entonces, en una etapa vivida como de acoso a la supervivencia de la nación en un clima en donde cualquier disidencia podía ser catalogada de subversiva, y una segunda en donde el triunfalismo y la algarabía de la «plata dulce» disimularon los primeros síntomas del nuevo modelo resultante de la “revolución” operada por el esa primera fase del PRN.

En términos de estricta política económica cabe distinguir los instrumentos utilizados para combatir la inflación, de aquellos de que se dirigieron puntualmente a otros aspectos, pues los primeros ocuparon gran parte del discurso público de aquellos años.

Las medidas contra la inflación

Respecto a la política de precios o medidas contra la inflación, los economistas Feldman y Sommer remarcaron que la posición del equipo económico, desde un punto de vista ideológico, era contraria al establecimiento de controles oficiales; en base a esos preceptos actuaron, a excepción de un corto período a mediados de 1977. Enmarcados en dicho preconcepto pueden distinguirse varios instrumentos. En primer lugar puede señalarse el efecto político del Golpe Militar que produjo un fuerte desaceleramiento de la inflación en el segundo trimestre de 1976, simplemente por un cambio en expectativas de los formadores de precios.

Acompañando este primer efecto, el mecanismo utilizado fue el congelamiento salarial que produjo un retroceso de los salarios del 40% en el transcurso de aquellos tres meses iniciales. En forma similar a los procesos de ajuste con fuerte devaluación del tipo de cambio, la concesión estatal de aumentos de sueldos por debajo de la inflación produjo el efecto temporal de elevar la tasa de ganancia empresaria por menores costos.

No estando en vigencia, ya desde la administración anterior, los mecanismos de negociación salarial entre las partes (convenciones paritarias), la decisión del Gobierno de aumentar los combustibles en un 30%, devaluar la moneda nacional, liberar los precios y no modificar los salarios sino hasta el 1° de Junio en un 15% (Decreto del P.E.N. del 8 de mayo de 1976) produjo el notable desfasaje ante el 38% de aumento del costo de vida en Marzo y el 34,6% en Abril. Tal diferencia fue mínimamente absorbida por la prohibición de retener de los sueldos el porcentaje destinados a los intervenidos sindicatos. Como paliativo se dispuso que el primer medio aguinaldo fuera cobrado en dos mitades; una con el sueldo de Mayo y la otra con el de Julio (con lo que no se afectaba el equilibrio financiero de las empresas).

Considerados los indicadores del año ’76, el equipo económico pudo enarbolar, como un triunfo propio, la baja de la inflación ante la sociedad, a la vez que los índices de desempleo no crecían en forma importante, a pesar del descenso de la producción industrial. Sólo el «sector agropecuario superó en un 2,4% su tope máximo anterior -alcanzado en 1974- y en un 4% los niveles del año anterior» (Sourrouille, 1985).

El congelamiento salarial en esta primera etapa del PRN pretendió un reacomodamiento de los precios internos en favor de los agropecuarios y de servicios sobre los industriales, por lo cual su incidencia como mecanismo central antiinflacionario fue relativa. (Schvarzer, 1985) (Canitrot, 1980). La tregua de precios fue un instrumento heterodoxo que se utilizó por un breve período en el segundo trimestre de 1977. Heterodoxo respecto a las concepciones liberales que primaron ideológicamente. A partir del 9 de marzo de 1977, Martínez de Hoz establece con el empresariado una «convocatoria» para la absorción del 30% de aumento salarial fijado para dicho mes y el mantenimiento del nivel de precios por un período de 120 días. Si bien no se implementaron controles de precios, el acuerdo funcionó a lo largo del período mencionado, a pesar de consistir en una invocación ministerial sin asentimiento escrito de los grandes formadores de precios. Aún sin tratarse de un acuerdo explícito como los impulsados por el ministro Gelbard en 1973, se recurrió a una modalidad que había sido blanco de los ataques a la política económica peronista, pues se entendió tal contracción en los niveles de precios como una barrera artificial que más tarde o más temprano habría de dar lugar a un proceso explosivo de reajuste.

Mientras algunos analistas le adjudican a la tregua de precios el valor de un instrumento cuyo objetivo era antiinflacionario exclusivamente (De Pablo, 1981), o como una herramienta transitoria (Sourrouille, 1985), otros investigadores le otorgan un significado diferente.

Para Canitrot (1980) «la tregua fue concebida sólo como un recurso transitorio destinado a facilitar la transición a la nueva política monetaria». La nueva política, específicamente la reforma financiera, estaba dirigida a «cortar el proceso de auge económico y a constreñir la libertad de operación de las empresas», pues la prioridad para el equipo económico fue el disciplinamiento social, cortando el auge económico registrado a partir del descenso en el nivel salarial operado desde los comienzos de su gestión (o desde el rodrigazo para ser más precisos).

Según estas observaciones, el problema inflacionario tenía un significado relativo para el equipo económico, al menos en el año ’77 en el que perduraban los efectos redistributivos.

La inflación se convertía entonces en un síntoma del diagnóstico profundo que constituía el objetivo primordial. Recuperado el control, frenada la presión salarial, la indexación de la economía sólo volvió a preocupar a comienzos de 1978 en que se intentaron medidas para revertirla.

Pero la necesidad de revolucionar las relaciones socioeconómicas, que fuera presentada a las FFAA en los momentos de constituir la alianza gobernante, requirió la presencia de inflación para solventar el funcionamiento bancario (como se verá más adelante), y para sustentar la sensación política de emergencia económica en el juego de poder. Una lúcida interpretación de estos hechos los pone en perspectiva política e histórica; «…si la economía comenzaba a marchar bien, con una suave tendencia a la desaceleración de la inflación, al mejoramiento de los salarios reales y de la producción física, en condiciones en que una buena cosecha aflojaba las trabas e inconvenientes del estrangulamiento externo, entonces Martínez de Hoz y su equipo comenzaban a dejar de ser funcionalmente necesarios». (Schvarzer, 1986)

La coyuntura planteada por la implementación de la tregua de precios anticipó la puesta en marcha de instrumentos dirigidos a otros fines, como la reforma financiera. Reforma que, además de cumplir con objetivos específicos, facilitaba el manejo monetario, en la misma filosofía de operar sobre la demanda, más que actuar sobre un control de precios ideológicamente rechazado.

La restricción de la demanda, trabajada desde la contención del nivel salarial, no impidió un funcionamiento aceptable de la economía, pero dentro del paradigma de protección arancelaria y fijación de precios con independencia de valores internacionales. Por ello, la implementación de la tregua de precios sólo puede ser entendida en función de otros proyectos que la requerían para su instauración y no como un instrumento del que descreían sus propios autores.

Sin embargo, «hacia fines de 1977 los índices de precios, tanto a niveles de consumidores como de mercados mayoristas, mostraban un crecimiento anual en torno del 150%, que en ambos casos se había acelerado en el segundo semestre del año y que superaba ampliamente las previsiones oficiales. Los precios industriales habían recuperado posiciones frente a los agropecuarios y el salario real -sí bien las cifras no son totalmente confiables- mostraban un cierto repunte sobre los niveles de un año atrás». «…parecía evidente que una vez más la economía estaba pasando por los clásicos movimientos cíclicos de reajustes posteriores a un programa de estabilización ortodoxo». (Sourrouille, 1985).

Si bien según Schvarzer (1985) el tema inflacionario no constituyó un dato de especial preocupación, en tanto existió reserva en las autoridades respecto a las expectativas incluidas en el presupuesto y a las necesidades expresadas por un sector de los bancos respecto a la conveniencia de cierto nivel inflacionario para operar con márgenes aceptables, la contracción monetaria utilizada entre el cuarto trimestre de 1977 y el primero de 1978, puede ser considerado como un instrumento de carácter antiinflacionario.

En su idea más simple, la contracción monetaria consiste en quitar circulante de los mercados. Esta absorción de lo que se cree es un excedente monetario, tiene por fin producir una recesión comercial que obliga a los productores a una desaceleración en el incremento de los precios o, en términos reales, a rebajar los valores de comercialización debido a la contracción del gasto privado y las dificultades para obtener nueva financiación bancaria.

La política de contracción monetaria ensayada desde mediados de 1977 hasta fines de 1978, intentó un control más estricto sobre la oferta de dinero. En líneas generales, dos sectores constituían las áreas sobre las cuales operar en la búsqueda de detener la expansión de moneda. Por una parte, el sector privado conformado básicamente por los intermediarios financieros y por aquellos comercializadores con capacidad para generar crédito. La solución para el efecto multiplicador del crédito se intentó por la vía de la elevación de la tasa de interés, instrumento que guardó una íntima relación con la reforma financiera. Liberada la tasa de interés de las regulaciones estatales, éstas buscaron un nivel de consonancia con la inflación, aumentando el spread (diferencia entre tasas activas y pasivas) como consecuencia de la cuenta de Regulación Monetaria y los encajes mínimos. Dada la protección con que contaban los precios internos, en lo inmediato, el aumento de interés indujo una aceleración a la inflación al provocar un costo financiero más alto para las empresas productoras. Paralelamente se promovió el levantamiento de las restricciones financieras externas mediante la flexibilización de las operaciones de crédito desde el exterior.

Por otra parte, completando el circuito, y ya en el sector estatal, se obligó a las empresas oficiales a recurrir a la financiación para solventar su déficit. Tal medida se encuadró entre las opciones tendientes a la reducción del gasto público dentro de una filosofía que entendía como principal promotor de la inflación al área estatal. Los tres principales sectores sobre los cuales podría reducirse el gasto público se mostraban poco flexibles. Los salarios de los agentes estatales ya habían pagado su cuota de ajuste en los comienzos del PRN y se mantenían estables; la suspensión de la inversión en obras públicas en ejecución traía gastos y complicaciones adicionales por incumplimiento de contratos; razones propias de la esencia del régimen impedían disminuir el gasto en defensa.

La liberación de las tasas de interés fue una de las resultantes de la sanción de la Ley 21.526 que estableció el nuevo régimen de entidades financieras. Conjuntamente con la Ley 21.495 sobre descentralización de los depósitos bancarios, ambas leyes se constituyeron en pilares de la nueva modalidad de operación bancaria que analizaremos más adelante. Confiados en el mercado como regulador del nivel de las tasas, las autoridades monetarias mantuvieron la garantía del 100% sobre los depósitos otorgándo1e un alto grado de seguridad al sistema; sin embargo, «la inflación alta y fluctuante desalentó rápidamente las operaciones financieras a mediano y largo plazo generando, ante la creciente incertidumbre en materia de precios relativos, una fuerte tendencia al cortoplacismo» (Feldman, 1986).

El clima especulativo generado por colocaciones que semanalmente se enfrentaban a la disyuntiva entre la renovación a tasas atrayentes y la búsqueda de mejores opciones de inversión, se articuló con la capacidad que los precios internos conservaban hacia 1978, para incluir las cargas financieras resultantes de las disputas de mercado. Paralelamente, se acentuó la tendencia iniciada tras el rodrigazo, de indexar la economía; esto es, la de contemplar en los precios las expectativas de inflación futura, o de ajustar el costo de bienes y servicios de la tasa global de incremento, con independencia de la estructura de costos.

La política de encaje mínimo que inmovilizó uniformemente al 45% de los depósitos bancarios de todo tipo impidiendo su retorno al mercado por la vía de préstamos, se complementó con la Cuenta de Regulación Monetaria creada por Ley 21.572 y administrada por el Banco Central que, a través de una tasa compensadora de los encajes sobre depósitos a interés y de un impuesto sobre la capacidad prestable de los depósitos a la vista, intentó un manejo monetario más activo.

En líneas generales, la política monetaria activa intentó una contracción del circulante que derivó en una tendencia recesiva entre finales de 1977 y los comienzos de 1978. A pesar de las intenciones del tipo de política utilizada, la inflación se mostró reticente a la baja, y cuando el ciclo económico ingresó en una nueva etapa expansiva a mediados de año, quedó al descubierto la ineficacia a mediano plazo de tales lineamientos. Tal como lo analizan Ferrer y Canitrot, resulta aleccionadora la comparación entre las experiencias chilena y argentina. El gobierno de Pinochet aplicó el mismo tipo de instrumental pero en un período más amplio, revirtiendo la tendencia inflacionaria en el largo plazo. La experiencia del PRN evidenció el límite impuesto por las FF.AA. a las consecuencias sobre el empleo y el nivel de vida resultante de una política monetaria activa.

Otras dificultades, como la expansión de la moneda local, provocada por la atracción de los capitales extranjeras en función del alza de interés interna o por los requerimientos para un proceso de concentración del sistema bancario, impulsaron el abandono de la política contractiva.

En diciembre de 1978 comenzó a implementarse un nuevo instrumento antiinflacionario: el tipo de cambio futuro pactado.

La «tablita», nombre con el que se popularizó, consistió en el conocimiento anticipado de la paridad del tipo de cambio según una pauta decreciente en el tiempo, que intentó acercar la tasa de inflación interna a los valores internacionales.

El supuesto subyacente a esta estrategia era relativamente sencillo y partía del axioma que atribuye a los precios de la economía argentina una íntima relación con el valor del dólar estadounidense. Tres parámetros corroboraron el axioma: cierto tipo de artículos, dependientes de insumos importados, se regulaban en función del costo de la divisa de referencia; otro conjunto de bienes es exportable y por lo tanto sus productores establecían una correspondencia entre los valores internacionales y los destinados al mercado interno; por último, por desconfianza hacia la moneda local, los capitales y su consiguiente rentabilidad eran calculados en dólares.

Una segunda hipótesis que alentó a la tablita como instrumento antiinflacionario era la referida al componente de expectativas que los formadores de precios utilizaban para calcular costos, en función de un valor dólar constante o por la vía de costos financieros, dictados por la tasa de interés activas en íntima relación con las suposiciones del precio futuro de la moneda norteamericana.

La tabla cambiaria, profusamente difundida, indicaba el valor oficial del dólar por anticipado, intentando eliminar la incertidumbre y por lo tanto, bajar las expectativas inflacionarias. Todos los agentes económicos, de esta forma, sabían hasta con casi dos años de anticipación el valor en pesos que el Estado aseguraba por cada dólar. La previsión oficial calculó una tasa de crecimiento de los precios internos de 80% para 1979 y 50% para 1980. La suave curva descendente debió permitir, según su formulación teórica, alcanzar hacia 1981 una inflación interna similar a la internacional.

La presunción se basó en que, induciendo una pauta cambiaria a largo plazo, preanunciando la devaluación cotidiana del peso, los formadores de precios acompañarían la curva descendente incluyendo el mismo ritmo decreciente en sus expectativas. El «proceso de convergencia» inflacionaria programado se adecuó al tiempo político. Si la hipótesis se verificaba en el comportamiento real de la economía, en el momento de producirse la renovación presidencial, la inflación interna debía equipararse a las tasas mundiales. Desde el momento del golpe militar, Videla fue encomendado por la Junta para cumplir un primer año de gestión que tenía por misión concluir el cuatrienio iniciado por Cámpora en 1973, según la Reforma de Mor Roig. El segundo turno presidencial de cuatro años concluyó poco después de la fecha prevista para que sea efectiva aquella «convergencia».

Como instrumento antiinflacionario, la tablita y sus medidas paralelas establecieron un cuello de botella para el reacomodamiento de los precios de determinados productos puestos a competir, incluso en situaciones de dumping, con productos importados. El comportamiento de los precios se mostró creciente por encima de las previsiones devaluatorias, pero derivó en un conflictivo proceso inflacionario y de reacomodamiento de las paridades cambiarias que se manifestó a lo largo de la Administración Viola.

Un análisis global de los distintos instrumentos de política utilizados para estabilizar los precios internos, permite afirmar que «… reducida a su razón última, la política antiinflacionaria aplicada desde 1977 en adelante consistió en inducir la generación de excedentes de oferta, globales o localizados según el caso, de modo que éstos operaran como frenos al incremento de precios. Esta fue la idea básica. Lo demás fue manejo instrumental». (Canitrot, 1980).

Capitales y deuda externa

El funcionamiento de la «tablita» coincidió con la apertura a capitales externos y la reforma financiera. Ello determinó un importante ingreso de divisas y una activa participación de los Bancos en la fijación de tasas activas y pasivas.

Estos dos procesos (la apertura a capitales externos y la reforma financiera), en el contexto de una pauta de devaluación prefijada, produjeron la captación de divisas por particulares y empresas estatales (obligadas por el gobierno a autofinanciarse en el mercado abierto de crédito), y el ingreso de capitales golondrinas[44]. Esto generó una importante cantidad de divisas que aseguró el funcionamiento de la «tablita» a cambio de una tasa de interés que superó las expectativas oficiales. El alto spread que requirieron los bancos para funcionar elevó las tasas, originando un fenómeno que se conoció como la «bicicleta financiera». La misma consistió en un circuito perverso: ingreso de divisas, su conversión en pesos, colocación en el circuito bancario a plazos cortos, salida del sistema bancario, reconversión a dólares y fuga.

En este mecanismo cabe considerar varios efectos colaterales. El ingreso de divisas permitió mantener abastecido al mercado, en el cual el BCRA aseguraba las cotizaciones prefijadas en la tablita mediante una flotación sucia. Esta intervención de la autoridad monetaria implicó una emisión de moneda, cuyos efectos en el nivel de inflación se vieron atenuados por la apertura externa y el consiguiente ingreso de mercaderías extranjeras que fijaron los límites al incremento de precios locales. La utilización del mecanismo de depósitos en los bancos a plazo fijo por períodos de tiempo cortos (de entre 7 y 120 días) institucionalizó un peligro latente para los Bancos con el cual debieron convivir: el retiro de fondos al concluir el corto lapso pactado. Por ese riesgo se generó una fuerte competencia entre instituciones para retener los depósitos, y así solventar la cartera de préstamos a mayores plazos. En ese sentido, los encajes e inmovilizaciones técnicas impuestas por el Banco Central, actuaron presionando las tasas de interés hacia su alza, por encima de los costos generados por la sumatoria de la tasa internacional, la inflación local y la tasa de riesgo-país[45].

Las altas tasas de interés resultantes permitieron, ante la inamovible «tablita», una ganancia en dólares muy superior a las obtenibles internacionalmente.

Tarde o temprano, los capitales «golondrinas», aquellos que aparecían exclusivamente para aprovechar el circuito perverso de la «bicicleta», debían retornar al dólar y a su país de origen. Como el punto de convergencia estaba preparado para el momento del recambio gubernamental pautado para marzo de 1981, la explosión posible y esperable del circuito financiero descripto, aparecía como una razón más para presionar por la continuidad del equipo económico en un futuro gobierno militar para el hipotético período 1981/1985.

Pero no todos los capitales ingresados al amparo de la apertura financiera fueron motivados exclusivamente por la ganancia devengada en el juego entre tablita de devaluación y tasa de interés. Como ya fue mencionado, las empresas de servicios públicos fueron obligadas a recurrir al crédito externo e interno para solventar sus inversiones y déficit operativo, a excepción de Ferrocarriles. Con esta medida el Ministerio de Economía pretendió solucionar uno de los principales orígenes del déficit fiscal que obligaban a la emisión monetaria. Los dólares ingresados para las empresas públicas debieron liquidarse en el Banco Central de la República Argentina (BCRA; autoridad monetaria de la Nación) con el fin de incrementar sus reservas pero, a pesar de ello, introdujo en el mercado financiero a un sector relativamente ausente hasta entonces, de una magnitud nada despreciable, que generó una muy fuerte demanda adicional de financiación.

Por otra parte, en el contexto de las recomendaciones ministeriales al sector empresarial, en el sentido de promover la modernización tecnológica con vistas a la competencia externa, ingresaron créditos destinados a bienes de capital para el sector privado.

Tanto por capitales de carácter especulativo, de créditos derivados a la especulación, créditos por bienes de capital y para solventar déficit operativos, el funcionamiento de la pauta futura de devaluación anticipada en el contexto de la apertura financiera y rebaja arancelaria, produjo el grueso del endeudamiento externo y fue la génesis del proceso de reproducción de esa deuda.

La apertura externa

Tal como se analizó más arriba, la apertura de la economía argentina al exterior, constituyó tanto un objetivo en sí misma, como un instrumento llamado a revolucionar el conjunto de relaciones sociales.

A fin de lograr tales objetivos se instrumentó la nueva legislación sobre inversiones extranjeras, la reforma arancelaria y, en el mismo sentido, se utilizó la pauta futura de devaluación cambiaria y muchos aspectos de la reforma financiera.

Respecto a las inversiones extranjeras se procuró la revisión de conflictos pendientes suscitados por la aplicación de la Ley respectiva sancionada constitucionalmente en 1973, que involucraba a Bancos y empresas multinacionales. A ello se sumó una nueva legislación de carácter aperturista que estableció seguridades para remesar utilidades y repatriar capital «aún en el caso de que existan restricciones de carácter general para las transferencias al exterior». (Sourrouille, 1985).

En su esencia, la ley de inversiones extranjeras estableció el principio de igualdad jurídica para el tratamiento del capital extranjero respecto del nacional. Las únicas limitaciones establecidas estuvieron referidas a los temas de seguridad y defensa nacional. Los resultados obtenidos por la aplicación de esta ley pueden considerarse magros. Las inversiones efectivamente realizadas a lo largo del período fueron escasas aún considerando que el período 1976-1978 fue muy propicio para el sector industrial y que la continuidad del equipo económico era un dato relevante para decidir inversiones. Globalizando el período 1973-1982, para proyectos promocionados, se concluye que el 95% del total de las inversiones extranjeras se concentró en las industrias petroquímicas y cementeras; el grueso de las inversiones se autorizó entre 1978 y 1980; la tendencia indica una escasa generación de nuevos empleos por tratarse de industrias de capital intensivo[46] (Sourrouille, 1985). La utilización del mecanismo de promoción industrial, con desgravaciones impositivas y otras ventajas, establecidas por la Ley 21.608, por parte de empresas transnacionales se inscribe en el mismo contexto de apertura y tratamiento igualitario prefigurado en la Ley 21.382 (de inversiones extranjeras).

Si bien se produjeron inversiones externas en distintas áreas de la economía, también cabe considerar la retracción y desaparición de antiguas firmas instaladas en el país.

Este proceso afectó principalmente a las empresas con escasa integración o diversificación. Por el contrario, subsistieron y realizaron nuevas inversiones aquellas transnacionales con capacidad para optar por diversas estrategias, acceder fácilmente al crédito externo y, por lo tanto, soportar eventuales pérdidas comerciales a cambio de superávits financieros.

Paradójicamente, por contravenir sus propios principios, a lo largo del período 1976/1981, la inversión pública cumplió un papel relevante en el mantenimiento de los deprimidos niveles de inversión.

Por su parte, la reforma arancelaria tenía por objeto reducir los niveles de protección con que contaba la industria argentina, desde la adopción de políticas de sustitución de importaciones. Se pretendió obligar al empresario a adecuar sus costos a niveles internacionales, tanto por la productividad a alcanzar como por las conductas establecidas en las negociaciones salariales. La disyuntiva entre «aceros o caramelos» planteada desde el Ministerio fijó una complementariedad e integración internacional antes que la tendencia establecida anteriormente hacia la integración nacional. Ello presuponía que las posibilidades de crecimiento económico se encontraban en el desarrollo «hacia afuera», por la vía de las exportaciones, en consonancia con el modelo de los NIC’s asiáticos[47].

La rebaja arancelaria había comenzado con una primera reforma establecida por Krieger Vasena, durante la denominada Revolución Argentina (1966-1973). Según el pensamiento predominante en el equipo económico, para subsistir, la industria local debía estar en condiciones de competir con productos importados, elaborados en condiciones de productividad, costo de insumos y mano de obra, que aseguraban una cierta tasa de ganancia al capital invertido; el cual, a diferencia de lo ocurrido en la Argentina, no gozaba de la transferencia de recursos desde otros sectores productivos.

Independientemente de las condiciones «objetivas» que debían ser fijadas por el análisis de las ventajas comparativas capaces de permitir la competitividad de los productos nacionales a nivel internacional, el nuevo enfoque teórico adjudicaba las mejores posibilidades de subsistencia, a empresas -y no a sectores- capaces de adecuarse[48]. Una adecuación que conllevó como condición necesaria la ruptura de las pautas de negociación salarial y transferencia de costos al conjunto de la sociedad, tal como habían sido diagnosticados. Teóricamente, quitado el paraguas de la protección arancelaria y legislativa, los salarios serían menos flexibles en función de las posibilidades de competencia y, por añadidura, se rompería la alianza entre empresariado industrial y sindicalismo. Otra consecuencia esperada era que, en tales condiciones, se quebraba una de las principales fuentes inflacionarias: la puja entre los sectores sindical, empresarial y agroexportador.

Las medidas adoptadas dentro del rubro arancelario pueden diferenciarse en dos etapas. Hasta diciembre de 1978 el instrumento predominante fue la reducción de aranceles, efectuada en forma paralela a la unificación de los tipos de cambio comercial y financiero. Subsistieron a lo largo del período, las normas referidas a autorizaciones previas para importar productos o bienes de capital y las requeridas para otorgar financiación que se mantenían en un contexto restrictivo. En esta primer etapa, las repercusiones fueron escasas, debido a la conjunción de un tipo de cambio alto y salarios congelados. Por otra parte, quedó demostrado que la eficiencia de la industria argentina era mayor que lo que hacían presuponer los niveles arancelarios previos, ya que durante la década de 1960 había mejorado la relación entre los precios industriales (tendientes a la baja) y niveles de producción crecientes.

Un segundo diseño de política arancelaria se implementó desde Diciembre de 1978. El proyecto original establecía una rebaja adicional de aranceles hasta 1984 en forma generalizada y gradual, con intención de arribar a una apertura completa. Estaba orientado fundamentalmente a bienes de capital, objetos suntuarios y bienes e insumos para la producción agropecuaria. El cambio legal permitía al productor nacional presentar un reclamo por perjuicio ante determinada importación, solicitando una mayor protección, mientras en el régimen anterior la rebaja arancelaria debía ser solicitada por el importador argumentando la inexistencia de competencia con productos de fabricación local. Este nuevo impulso a la reducción arancelaria estuvo acompañado por el descenso del tipo de cambio operado a consecuencia de la pauta anticipada de devaluación.

La apertura en condiciones de restricción al consumo, característica de la primera etapa, indujo elementos de reconversión al sobrevaluar la moneda y dejar ciertos sectores industriales desamparados frente a ofertas estacionales, dumping y productos de baja calidad aunque novedosos provenientes del exterior. De tal forma, operó cambios en las pautas de consumo de ciertos sectores sociales medios, profundizando el crecimiento del sector comercial y de servicios que, junto al fenómeno en expansión del cuentrapropismo, acompañaron la desaparición de un gran número de pequeñas y medianas empresas, la quiebra o reconversión de grandes conglomerados nacionales y el retiro de transnacionales como la General Motors, Citroën y otras, en algunos casos, absorbidas por otras empresas.

La reforma bancaria

Otro de los instrumentos fundamentales utilizados para la reconversión de la economía argentina, fue la reforma financiera.

El Decreto Ley 21.526 estableció nuevas condiciones para el funcionamiento del sistema bancario, en consonancia con el paradigma desregulador al que adhería el equipo económico. Al momento de lanzar dicha reforma, el sistema bancario trabajaba con tasas de interés fijadas oficialmente, con los depósitos nacionalizados[49] y con un encaje del 100%. Como resultado de estos condicionamientos, los bancos se habían transformado en intermediarios, carentes de riesgo, entre el público y el Estado, representado por el Banco Central (BCRA). Las tasas fijadas en muchas ocasiones, por debajo de la inflación, generaron una forma de subsidio estatal para aquellos clientes bancarios que conseguían hacerse de créditos. Pero los encargados de su otorgamiento fueron los propios Bancos, por lo que los beneficiarios se contaron entre los principales clientes, las empresas más fuertes, las estrechamente relacionadas con las entidades financieras. El grueso de los depósitos que permitían determinar la capacidad prestable, provino de las cuentas corrientes, que no devengaban intereses y constituían cerca del 60%.

Este cuadro de situación generó un doble circuito financiero que funcionó paralelamente a la banca que operaba a tasas oficiales. Una gran cantidad de Compañías financieras, Cooperativas de Crédito y Sociedad de ahorro y préstamo (en total 606 contra 119 Bancos), conformaron un mercado secundario de captación de dinero, otorgamiento de créditos y de servicios parabancarios. Algunas de estas entidades fueron creaciones de los mismos bancos, como forma de operar con mayor liberalidad. Básicamente, la reforma financiera consistió en la liberalización de la tasa de interés. Esta medida fue acompañada, en el texto legal, por un conjunto de instrumentos tendientes a crear un marco de competencia. Se hicieron modificaciones al sistema de garantía de los depósitos; se facilitaron los requisitos para la instalación de nuevas entidades financieras y apertura de sucursales; se instauró un complejo mecanismo para regular la oferta monetaria.

La cesión, teórica, al sector privado, de la capacidad de fijación de la tasa de interés, se basaba en la suposición de que sólo en tal marco de libertad hubiese sido posible crear un mercado de dinero capaz de revalorizar el ahorro y premiar las intenciones de inversión mediante el otorgamiento de créditos a valores fijados por el libre juego de la oferta y la demanda.

Para facilitar esta competencia se derogaron las restricciones para el otorgamiento de créditos y las condiciones de selectividad respecto al destino de los créditos. Con relación a este nuevo marco operativo, se generó una creciente incertidumbre que no alteró el cortoplacismo propio de los mecanismos indexatorios instalados con fuerza desde el «Rodrigazo».

El cortoplacismo atentaba contra los objetivos de la reforma financiera porque «en una economía capitalista, la prueba de eficiencia del mercado de capitales consiste en determinar si éste puede generar fondos destinados al financiamiento de largo plazo, es decir, si puede producir una tasa de interés estable de largo plazo que induzca la acumulación de capital y la generación de beneficios en el sistema productivo.» (Canitrot, 1980).

Sin embargo, la situación inflacionaria que sustentaba el cortoplacismo fue una de las condiciones requeridas para la instalación de la reforma. Tal como lo reconocían las entidades bancarias, los costos operativos del sistema eran altos y, por lo tanto, el spread requerido debía mantenerse en valores significativos. La inflación permitía que la diferencia entre tasas activas y pasivas fuera mantenida en niveles que permitiesen afrontar los costos del sistema bancario porque sus efectos quedaban disimulados en constante cambio de precios.

El Estado propició las condiciones que permitieron poner en funcionamiento las nuevas reglas de juego, mediante algunos movimientos efectuados en el bimestre Setiembre-Octubre de 1977; con la contención inflacionaria operada entre Marzo y Junio, mediante la tregua de precios fue posible, luego, reducir la emisión monetaria; a esa escasez se le adicionó la demanda de fondos efectuada por las empresas públicas, obligadas a partir de entonces a financiarse en el mercado de capitales; y un tercer ingrediente fue aportado directamente por la tesorería, jugando en el sistema como tomador directo de crédito. Contenida la oferta monetaria y con la aparición de fuertes demandantes de dinero, las tasas de interés alcanzaron el alto nivel que factibilizó el sistema.

Para otorgar mayor seguridad y credibilidad pública al conjunto bancario, la ley mantuvo la garantía de los depósitos, llevándola al 100%. Era la primera vez, en la historia argentina, que coexistía tal garantía con un sistema de liberación de las tasas de interés.

Recién en Noviembre de 1979 se estableció un sistema de adhesión voluntaria y gravada para aquellos bancos que dispusieran el mantenimiento de la cobertura estatal sobre los depósitos; esto ocurría en momentos en los que estallaba la crisis bancaria. Los bancos más fuertes y, por lo tanto, más creíbles entre el público, renunciaron a dicha garantía evitando el encarecimiento de su costo operativo. Contrariando los principios ideológicos declamados, «la garantía de los depósitos transfiere desde el público hacia las autoridades la responsabilidad de decidir la oportunidad en que una entidad debe modificar su operatoria o, eventualmente, debe ser intervenida o liquidada.» (Feldman y Sommer, 1986)

Con la intención de permitir la modificación del circuito bancario paralelo en entidades partícipes de la abierta competencia pretendida, se flexibilizaron las restricciones existentes para la creación de nuevos bancos y para la apertura de sucursales. Se requirió de un monto de efectivo mínimo para su constitución, que atentó contra las posibilidades de algunas cooperativas para ingresar al sistema. (Jozami, 1985).

Los capitales mínimos de entrada al sistema se compatibilizaron con un sistema de actualización de las cifras y el seguimiento de los valores mínimos para decidir la permanencia en el mismo. A excepción de lo señalado por Jozami, el sistema fue permisivo y surgieron gran cantidad de entidades nuevas o resultantes de transformaciones basadas en instituciones previamente existentes. «Se consideró que un aumento en el grado de concentración bancaria resultaba indeseable y nocivo para la competencia financiera.» (Feldman y Sommer, 1986)

El marco funcional del sistema se completó con las disposiciones referentes a encaje mínimo y la creación de la Cuenta de Regulación Monetaria.

Los encajes bancarios obligaban a las instituciones a inmovilizar un determinado porcentaje de los recursos obtenidos a través de los depósitos a plazos fijos (cuyo lapso de duración mínima fue reducido primero a treinta días y luego a siete), cajas de ahorro y cuentas corrientes. Con la creación de la Cuenta de Regulación Monetaria (CRM), los montos que quedaban indisponibles recibían una compensación porcentual, a modo de tasa de interés por depósitos colocados en el BCRA. A su vez, por el dinero en cuentas corrientes, los bancos pagaban una tasa a la autoridad monetaria. En teoría, ambas cuentas se anularían mutuamente al lograr una situación de equilibrio. En la práctica, el cortoplacismo redujo significativamente los depósitos en cuentas corrientes, trasladando a los plazos fijos cifras crecientes, que alcanzaron en 1983 el 86,5% de los depósitos bancarios. (Jozami, 1985) De tal forma, la CRM tuvo un saldo negativo. Pero no fue éste el único costo pagado por el Estado en función de sostener el nuevo modelo operativo bancario.

En el primer tramo de la implementación de la reforma, hasta Febrero de 1978, la compensación por los fondos inmovilizados fue fijada de antemano, en forma mensual. La misma resultaba, de hecho, para todo el sistema, una tasa orientadora de las transacciones a realizar en dicho mes, pues los bancos conocían con anterioridad un saldo aproximado de sus relaciones financieras con el BCRA.

Hacia mediados de 1978, se dispuso que la tasa de interés a pagar en la CRM sería calculada al finalizar cada período. Los bancos realizaron sus operaciones libremente a lo largo del mes, con atención a las transacciones que se realizaban el resto del sistema, cuidando de no alejarse demasiado de las tasas de mercado. Concluidas las operaciones mensuales, se establecía un promedio de tasas a ser abonado en calidad de compensación. El BCRA convalidaba, de esta forma, las operaciones realizadas por los bancos. Con esta modificación operativa, «… el Banco Central renunció a dos facultades esenciales para organismos de este tipo: la de regular sus propias erogaciones- en este caso, las originadas en la Cuenta de Regulación Monetaria- y la de influir -por esa misma vía- en la evolución de las tasas de interés en el mercado.» (Schvarzer, 1986)

En ese primer año de implementación de la reforma, y luego de los aportes realizados para su puesta en funcionamiento, las obligaciones de encaje de efectivo mínimo fueron reducidas del 45% inicial al 29%. Tal operación estuvo destinada a mantener la operatividad del sistema mediante una medida que inyectaba liquidez al mercado. Sólo en el año 1978, esta operación implicó erogaciones del BCRA por una cifra equivalente al 150% del déficit fiscal.

El crecimiento de la base monetaria tuvo otro impulso a partir de la puesta en marcha de la pauta anticipada de devaluación cambiaria. La tablita y el consiguiente retraso que produjo en el tipo de cambio, facilitaron el ingreso de fondos externos. A ellos se sumaron los superávits comerciales obtenidos al amparo del alza de los precios agropecuarios y de la posición argentina de romper el embargo cerealero impuesto por los E.E.U.U. a la Unión Soviética[50].

Tales ingresos de divisas acrecentaron notablemente las reservas del BCRA, que transformó en pesos los dólares retenidos. De esa forma generó una abundante liquidez que alimentó el sistema de depósitos bancarios. Ello, en el marco de libre fijación de las tasas de interés, con garantía de los depósitos, abierta competencia entre entidades para retener sus carteras y con colocaciones a corto plazo, elevó las erogaciones que en concepto de compensación abonó el BCRA a los bancos. Este círculo tuvo su epicentro en la necesidad de cumplir con los encajes bancarios, crecientemente onerosos para el Estado. El alza de las tasas de interés se convirtió en un elemento intrínseco al sistema de competencia bancaria.

La magnitud del atraso cambiario permitía inferir, a los más atentos e informados, la más tarde o más temprana inevitable devaluación. En la medida de que esta presunción se generalizara, la transferencia de depósitos en pesos a divisas extranjeras, conllevaba, entre otras posibles consecuencias, la ruptura de todo el sistema. Pero las posibilidades de corrida bancaria reconocían como fuente más próxima, la inestabilidad del todo el programa, ante la posibilidad de cambios políticos. Los movimientos de Massera respecto a una futura e hipotética tendencia populista, y los pasos de Viola en la búsqueda de tomar distancias de Martínez de Hoz a medida que se afirmaban sus posibilidades de suceder a Videla, indicaron que la remoción del Ministro de Economía era un dato inevitable una vez concluido el mandato presidencial. En este contexto, los depósitos, sensibles a los movimientos políticos, presionaban por obtener tasas positivas ampliando el déficit de la tesorería.

Además, la garantía de los depósitos se redujo, a fines de 1979, para alcanzar sólo un mínimo preestablecido de cada colocación. El millón de pesos originalmente protegido por el BCRA se elevó a cien cuando se desató la crisis bancaria.

Los orígenes de la crisis deben ubicarse en la evolución global de la economía, en el señalado efecto político y en la propia dinámica del sistema bancario tras su reforma. En consonancia con la apertura Financiera, los resultados del intercambio comercial afectaron sectores industriales locales, con consecuencias directas sobre el empleo. Sectores como el textil, indumentaria, electrónica, automotriz, fueron presa de las importaciones en mayor medida, aunque todos los rubros industriales sufrieron sus efectos.

La búsqueda de disciplinamiento empresarial provocó innumerables quiebras, independientemente de sectores o grados de modernización y eficiencia alcanzados. Aquellas empresas, generalmente endeudadas con el sistema financiero, afectaron por su incobrabilidad, los balances de algunas entidades bancarias.

En uso de las facultades de control sobre el sistema financiero ejercidas por el BCRA, fueron liquidadas 37 entidades, desde la implantación de la reforma hasta Marzo de 1980. Las disposiciones de cierre se adoptaban ante problemas insuperables en el balance de bancos y compañías financieras. Ninguno de estos casos modificó el funcionamiento global como ocurrió con la decisión de cerrar el Banco de Intercambio Regional (BIR), el 28 de Marzo de 1980. La medida afecto a 350.000 ahorristas, estimándose el total de depósitos, en una cifra aproximada a los mil millones de dólares. Pocas semanas después fueron intervenidos los Bancos Internacional, Oddone y de Los Andes, derivando en la liquidación de los dos últimos y la absorción del primero por el Bank of America. En sólo un mes, el BCRA debió afrontar la cobertura de los depósitos de las cuatro entidades, que totalizaban el 10% del sistema.

Esta situación provocó una corrida de los depositantes hacia entidades tradicionalmente sólidas, como la Banca Oficial -por la directa responsabilidad estatal- los bancos extranjeros -autoexcluidos, por lo general, del régimen de garantía de los depósitos-, y hacia el dólar. La autoridad económica se vio obligada a asistir financieramente a aquellas entidades que veían reducidos sus depósitos, perder reservas para sostener la pauta de devaluación y multiplicar por cien el monto de cada depósito cubierto por la garantía.

Según Feldman y Sommer, la pérdida de depósitos del sistema bancario tuvo su pico máximo en Junio de 1980 por un equivalente al 5,5% del total, para luego comenzar a recuperarse a pesar de que a lo largo del año se liquidaron 28 entidades. Contenido el pánico desatado por la crisis bancaria, el equipo económico decidió la profundización del modelo que llevaban a cabo. Esa línea de acción se centraba en la defensa del funcionamiento libre de los mercados, persistencia en la apertura y sostenimiento de la paridad cambiaria pautada de antemano. En la práctica, ello significó mayor emisión, pérdida de reservas y nuevos endeudamientos para mantener abastecida la plaza financiera.

La persistencia en tal política a lo largo de 1980 y del primer trimestre de 1981, produjo pérdidas de reservas y acrecentamiento de deuda externa. Según cifras citadas por Schvarzer, las reservas disminuyeron en 2.850 millones de dólares en 1980 y en 2.980 en el primer trimestre de 1981; el endeudamiento aumentó, respectivamente, a 8.128 y a 2.425 millones; prácticamente, 15.400 millones de dólares.

El gasto público

Respecto del sector público, se proclamó la reducción del tamaño y funciones del Estado, argumentando el concepto de subsidiariedad; esto es, que el aparato estatal sólo debería ocuparse de aquellas actividades que el sector privado no estuviera en condiciones de realizar y de otras que, por su carácter, fueran irrenunciables como la seguridad nacional. El Ministro consideró que la empresa privada debía ser el motor del desarrollo económico.

La política de contracción del gasto público tuvo lugar hasta fines de 1977. A partir del año siguiente se giró hacia una mayor paridad tributaria, aunque con incremento del gasto. Sin embargo, un mayor déficit en el presupuesto nacional pudo ser presentado a partir de mecanismos que disimularon las cuentas públicas. Las empresas a cargo del Estado se vieron compelidas a abastecerse de fondos en el mercado financiero en vías de reformulación, y el BCRA colocó títulos de la deuda pública en mercados privados evitando emisión y trasladando el registro contable a las futuras fechas de amortización y pago de servicios.

Otro de los instrumentos utilizados fue el de ciertas desregulaciones que permitieron privatizaciones periféricas. Tal el caso de determinados servicios como en correos, telecomunicaciones, petróleo, gas, servicios ferroviarios, recolección de residuos en zonas urbanas.

Por otra parte, se autorizó la concreción de obras públicas por el sistema de explotación privada, como los de autopistas y playas de estacionamiento de la Ciudad de Buenos Aires, único distrito que concretó realizaciones bajo tales lineamientos.

En consonancia con la campaña publicitaria de «achicar el Estado es agrandar la Nación», se realizaron algunas privatizaciones de empresas en poder del Estado, pero se trató de un conjunto de una importancia relativamente pequeña dado su tamaño o del eventual déficit que provocaban, en muchos casos a través de largos procesos que servían para depreciar el valor de las ofertas de licitación por el efecto inflacionario.

Los resultados de la gestión económica

Consenso y perdurabilidad

Tal como señalamos al comienzo, el consenso que enmarcó el golpe de Estado no fue instrumentalmente medido. Pero la inseguridad cotidiana provocada por accionar cruzado de la guerrilla montonera e izquierdista y la triple A, sumado a un cuadro de rápido deterioro de las variables económicas y un gobierno ausente, justificaron en la opinión pública la instalación de un régimen autoritario.

El efecto producido por el recambio gubernamental al que se adicionó, para sorpresa de muchos, el carácter del nuevo régimen fue suficiente para un rápido encarrilamiento de las variables económicas y corrección de conductas coyunturales.

Los sectores empresarios, jaqueados por innumerables secuestros, prácticamente no ofrecieron resistencias a las medidas instrumentadas en un comienzo e inclusive apoyaron los objetivos declamados. La presentación de Martínez de Hoz del programa del 2 de Abril como proyecto de las Fuerzas Armadas, le permitió una amplia libertad en el manejo instrumental. Las limitaciones fueron claras; no afectar el presupuesto requerido por las tres armas y preservar a los sectores obreros de ajustes fuertes con intenso desempleo. El margen de maniobras y el tiempo disponible fueron amplios, e incluso, tal como lo señala Schvarzer, en distintos momentos el equipo económico maniobró en función de su propia perdurabilidad.

La incógnita que despierta la estabilidad de los ocupantes del Ministerio de Economía está referida a los apoyos que los sustentaron a lo largo del período. Dado los resultados obtenidos, es imposible señalar un sector específico que, por hipotéticos beneficios o por afinidad ideológica, haya sido el sostén político del equipo económico. Por el contrario, es posible señalar características determinadas de tipos de empresas o conglomerados que acrecentaron su riqueza y su poder. Pero en el ínterin, a lo largo de la gestión, fue posible percibir ciertas conductas de clase que concedieron ante los cambios ocurridos en el corto plazo y la transformación de situaciones personales.

Por otra parte, debe tenerse presente el crucial respaldo de la banca norteamericana a la Argentina del PRN, tal como lo demuestran las posiciones asumidas en los organismos financieros internacionales. Resulta esclarecedor en tal sentido, el documento reproducido por Schvarzer, acerca de la aprobación de créditos a la Argentina por el Fondo Monetario Internacional a pesar de la ausencia de metas antiinflacionarias, a instancias de los E.E.U.U.

El Producto Bruto Interno

Un detalle de los resultados obtenidos en algunas variables económicas permitirá ampliar las conclusiones. Los principales indicadores a tener en cuenta son el Producto Bruto Interno, sus diversos componentes y el comportamiento de distintos sectores.

Ligeras altas y retrocesos del PBI señalan para el período 1976-1982 un resultado negativo de 0,2% equivalente a un estancamiento de la economía, pero que, en un contexto internacional regularmente creciente, explica el retroceso relativo del país.

El componente industrial del PB registró, entre 1975 y 1982, un saldo negativo de 20,7%; un retroceso especialmente significativo en los rubros textil, indumentaria, bienes de capital, material de transporte. En cambio se registraron alzas en la participación en el PB de los estratos altamente concentrados, por lo que las bajas señaladas alcanzan niveles de abierta desindustrialización. Los beneficiados en este sentido por la experiencia del PRN, fueron las empresas transnacionales, pues contaron con la capacidad para financiarse en el exterior a tasas reales inferiores a las locales y, por lo tanto, pudieron arbitrar precios en el mercado interno. La industria sufrió, entonces, un proceso regresivo de sustitución de importaciones, pues se operó el reemplazo de producción local por la de origen externo. Ello fue posible debido a que una demanda interna sostenida, especialmente por el efecto “plata dulce”, evitó la caída más pronunciada del producto. Comparando el 27,8% con que el sector participó del PBI de 1975, respecto del 22,3% correspondiente a 1982, se concluye que en la estructura del Producto Bruto hubo una «fuerte pérdida de gravitación de la industria». (Feldman y Sommer, 1986).

En el sector de servicios se produjo un avance del rubro financiero pero un descenso del comercial equivalente al 16,4%.

Las exportaciones registraron un crecimiento que no alcanzó a compensar la caída de la producción local. Mientras que la demanda global se mantuvo sobre la base del incremento de las exportaciones y la distorsión de los precios relativos que favoreció a la mercadería extranjera.

La inversión se mantuvo en alza hasta 1980, para caer abruptamente entre 1981 y 1982. Paradójicamente, dado los contenidos ideológicos del programa económico, la inversión pública fue la que evitó en gran medida la caída del producto, siendo en 1978 prácticamente la mitad del total.

Entre 1974 y 1982 se perdieron el 35% de los puestos de trabajo en la industria. Un complejo proceso disimuló el aumento del paro laboral mediante la transferencia de estos sectores a los servicios, el cuentapropismo y diversas formas de subempleo.

Consecuentemente, los salarios cayeron entre un 30 y un 50% según diversas mediciones. La progresión señala los años 1976 y 1978 como descendentes, una cierta estabilización entre 1978 y el 1980, que no permitió la recuperación de los niveles previos, y otro proceso de caída salarial entre 1981 y 1982.

El diez por ciento de la población de ingresos más altos de la sociedad aumentó su participación en la distribución del ingreso nacional, pasando del 17,2% de 1974 al 22,2% en 1982.

En este cuadro de aumento de las importaciones con desindustrialización y exportaciones en alza pero que no alcanzan a compensar la caída del Producto, se produjo el crecimiento de la deuda externa. Entre 1976 y 1979 el sostenido crecimiento del endeudamiento fue mayor al registrado por las exportaciones o por el PBI, pero a partir de 1979 y hasta 1982, la progresión se aceleró vertiginosamente.

La deuda externa

El endeudamiento financiero del sector privado siguió el ritmo de las importaciones pues, en última instancia, sirvió para financiar las mismas. Mientras que el endeudamiento financiero privado reconoce su origen en la integración de los mercados de capitales nacionales y extranjeros. Las reservas internacionales de divisas crecieron al amparo del ingreso de créditos públicos y privados, aunque «no todos estos fondos provenían de créditos de los bancos extranjeros. Una parte, seguramente, estuvieron constituidos por recursos propios de los argentinos depositados en bancos del exterior que retomaban al país, no como repatriaciones de capital sino como préstamos de aquellos bancos. De esa manera, además de obtener financiamiento más barato (dadas las altas tasas locales), se posibilitaba el blanqueo de fondos, a la vez que se formalizaba un mecanismo para «asegurar» su eventual remisión al exterior. (Feldman y Sommer, 1986).

Una vez comenzada la crisis del sistema bancario, las pérdidas de reserva superaron los saldos de la balanza comercial y, muy pronto, agotaron las posibilidades de financiamiento externo. Ante un equipo económico que persistía en los mismos lineamientos de política, los agentes privados iniciaron una masiva fuga de capitales, trasladando las ganancias obtenidas localmente por las altas tasas de interés internas a divisas. Sin embargo, se mantuvieron las deudas en el sistema bancario, en especial con la banca extranjera, en una estrategia que demostró ser acertada, cuando los sucesivos ocupantes del Ministerio de Economía en 1981 y 1982 otorgaron seguros de cambio y nacionalizaron las garantías otorgadas por las deudas.

Además de los movimientos financieros, la deuda reconoce su origen, también, en el manejo de ciertas variables efectuado por el conjunto del programa económico que alentó el reemplazo del consumo de electrodomésticos o textiles nacionales por importados, y los gastos de viaje y turismo al exterior, financiados por la «plata dulce».

El endeudamiento externo fue el resultado de un programa económico que evitó correcciones o modificaciones capaces de revertir la situación, porque ellas hubiesen significado renunciar a objetivos preestablecidos. Sin embargo, tampoco se tomaron medidas correctivas cuando el «persistente aumento del gasto militar, junto con el deterioro de la confianza en la seguridad con que operaba el sistema bancario y la incertidumbre con respecto a la continuidad de la política económica a partir de la rotación presidencial prevista para marzo de 1981, comenzaron a influir adicionalmente y desde distintos ángulos sobre el plan de estabilización». (Sourrouille…, 1985).

Fin de fiesta

Con el tembladeral concluyó la fiesta instaurada artificialmente mediante la apertura comercial y financiera, y la reforma bancaria. Además, con el manejo de la pauta cambiaria como instrumento para combatir el alza de precios, «no se evidenció tendencia a la aproximación de las tasas de inflación interna y externa, ni tampoco a la igualdad entre las tasas de crecimiento de los precios de los bienes comerciables y no comerciables. La tasa de inflación interna se mantuvo consistentemente por encima de la tasa de inflación internacional y los precios de los bienes no comerciables se distanciaron progresivamente de los precios de los bienes comerciables». (Canitrot, 1980).

Los desequilibrios introducidos en los mercados locales por efecto de la apertura, la reforma y el retraso cambiario en un período relativamente extenso, no pudieron escapar al análisis de los formuladores de tal política económica. Esta estuvo destinada a revolucionar los comportamientos de los distintos agentes, modificando sus interrelaciones. Los actores económicos que desaparecieron como tales, ya sean empresarios u obreros, no pueden ser acusados de ineficiencia por haber sido derrotados en una competencia desigual para el productor nacional, debido a la conjunción de apertura comercial y retraso cambiario.

Sólo aquellos que ocupaban en el mercado un lugar del que no podían ser desplazados por el tipo de bien que producían, o aquellos que estaban en condiciones de obtener directamente financiamiento externo, o los que integraban bajo una administración todos los pasos del proceso productivo o, por último, quienes bajo una conducción centralizada reunían una diversidad de sectores para afrontar alternativamente ganancias y pérdidas en los distintos rubros, pudieron sobrevivir a la experiencia del PRN, e incluso salir fortalecidos.

Desaparecidos los competidores (tanto PyMes como grandes empresas), el mercado de los distintos bienes tendió a la monopolización, o a lo sumo se conformaron oligopolios con producción y precios consensuados. El otro fenómeno resultante a posteriori, fue la necesidad imperiosa de buscar mercados alternativos ante el achicamiento del consumo local.

La redistribución del ingreso producida en el período en cuestión y sus secuelas, benefició a los productores de bienes no comerciables (aunque todo el sector de servicios creció en cantidad diluyendo el efecto) pero por sobre todo, a las empresas integradas y/o diversificadas, en especial aquellas de capital extranjero que acumularon la ventaja del acceso al crédito internacional.

El empresariado nacional percibió tardíamente los verdaderos objetivos e instrumentos de desarticulación de las posibilidades de alianza sindical-patronal. La precariedad en la consistencia del programa, obligó a aprovechar las condiciones favorables en el tiempo y forma; una vez desatada la ruptura del modelo, las posibilidades de perduración se tomaron escasas, sino nulas.

El disciplinamiento empresario intentado debía conducir a la adopción de conductas competitivas basadas en la extracción de mayor productividad y rentabilidad, a partir de un poder empresarial acrecentado por la disminución de la capacidad de negociación obrera.

Los actores sociales

El programa tenía sus tiempos y condicionamientos políticos. Los resultados que Martínez de Hoz pudiera mostrar en distintos momentos debieron guardar un delicado equilibrio entre indicadores satisfactorios y la suspicacia de conservar la imagen de ser funcionalmente necesario a las F’FAA, tanto como para asegurar su perdurabilidad. Este doble juego se realizó atendiendo a lineamientos básicos de la economía y la política, intrínsecos al paradigma adoptado.

Los apoyos políticos fluctuaron desde la identificación inicial con los enunciados propios de una inserción sociopolítica o ideológica determinada, a la perplejidad ante resultados aparentemente no deseados.

La rápida toma de ganancia propia de los procesos de golpe militar desarrollados entre 1955 y 1976, dejó su lugar a una situación de mediano plazo en el que se produjo la selección natural de los más aptos para conducir sin remordimientos el mercado.

Los empresarios que no resistieron la competencia extranjera y los que se endeudaron a altas tasas reales de interés a destiempo para cobijarse en la fuga de divisas del ’80-81, desaparecieron como tales. Pero el desempleo producido por esas quiebras tuvo curiosos efectos. Por una parte, el subempleo fue un refugio más permanente que temporal; mientras que el sector de servicios, en expansión, al igual que el cuentapropismo, se transformaron en receptáculos de ex-obreros industriales. Mediante el cambio ocupacional, sin una mejora real en los ingresos a pesar de introducirse en categorías socialmente más prestigiosas, trastocaron su percepción de clase.

El tornero mecánico devenido en taxista o kiosquero, en un marco represivo y alejado de la concentración obrera que alimentó su solidaridad de clase, evolucionó (¿o involucionó?) hacia formas de individualismo propias de la puja competitiva del mercado y el desempeño solitario del oficio. Al amparo del dólar barato y en la euforia de la «plata dulce», los hábitos de consumo se trastocaron. Nuevas tecnologías bajo la forma de electrodomésticos y automotores importados estuvieron momentáneamente al alcance. Pautas de consumo y hábitos cotidianos rompieron las antiguas solidaridades de clase al impulso del marco represivo. El objetivo del equipo económico y las FFAA de alejar a la Argentina de las posibilidades contestatarias de diversos grupos, se alcanzaron por efecto de la revulsión del aparato productivo.

Estos cambios socioculturales también tuvieron lugar sobre ciertos prejuicios de origen medieval, luego reafirmados por el protestantismo y la contrarreforma católica, referidos a la legitimidad de la ganancia financiera. La victoria renacentista de la burguesía, que justificó la validez de una vida terrena confortable basada en la renta obtenida por la explotación de grandes extensiones de campo o en la industria, modificó la antigua certeza eclesiástica en una vida de sacrificio y el premio para después de la muerte, pero conservó el tabú sobre los beneficios del préstamo a interés como forma de vida. Una concepción que sirvió para alentar la inversión, al tiempo que legalizó la actividad bancaria como una intermediación entre el exceso temporal de capitales y las necesidades de invertir. Recién en la década de 1970, al amparo de las justificaciones teóricas de Milton Friedman, y con mayor impulso tras la crisis de los petrodólares, comenzó a vislumbrarse la posibilidad de tranquilizar la conciencia mediante las ganancias financieras. Los prejuicios reforzados tras el crack del ’29, se revisaron al compás del Premio Nobel.

Los mecanismos monetarios ideados para contener la inflación y la utilización de instrumentos financieros para regular los mercados puestos en práctica por el equipo económico, introdujeron comportamientos especulativos con indexaciones protectoras contra la inflación y, más tarde, como modus vivendi.

Redefinición de algunos sectores

Otras transformaciones resultantes del PRN se refieren al rediseño de sectores económicos, fortaleciendo agentes específicos que dieron nueva dinámica a las relaciones sociales. Entre los casos más notorios se destaca el sector bancario; el importante rol otorgado por el manejo monetarista acrecentó el poderío y autonomía de los bancos, al punto de convertirlos en núcleos resistentes al cambio. En ese nuevo papel, se convertirían en aliados de la perdurabilidad del sistema aún después de Martínez de Hoz.

En especial, con aquellos intereses ligados a la transnacionalización de la economía argentina, pues afectarlos implica a partir de entonces la autodesestabilización política.

Las transnacionales integradas o diversificadas quedaron en situaciones similares por su manejo del comercio exterior, al igual que los exportadores tradicionales por su capacidad de manejar el mercado de divisas y forzar paridades en los tipos de cambio. También, por su relación con la deuda externa, como generador de los excedentes de la balanza comercial utilizados para el pago de los servicios. La estrechez de maniobras del Estado, apurado por la escasez de divisas, quedó atrapada en el diseño de políticas que privilegiaran las exportaciones y desalentaran las importaciones; dado que las ventas de la industria al exterior requieren de insumos importados, el sector agropecuario más concentrado se aseguró un rol de privilegio.

Por causa de las transformaciones efectuadas en las relaciones entre los diversos sectores de la economía y por endeudamiento externo, todos los sectores con intereses transnacionalizados, como bancos, productores y comercializadores agropecuarios y conglomerados nacionales o extranjeros, fortalecieron su capacidad de orientar políticas, sin el contrapeso de empresas mercadointernistas y del sindicalismo.

El movimiento obrero por su parte, sufrió una sustancial modificación en sus estructuras, al trasladarse el eje del poder a un sistema de empate entre peso relativo y cantidad de afiliados. Se verificó en el período un descenso en la afiliación en los gremios tradicionalmente industriales, como metalúrgicos o mecánicos, contrapesados por el crecimiento de empleados de comercio, estatales, docentes.

El Estado

Pero, además de los condicionamientos que las transformaciones de la sociedad y de las relaciones socioeconómicas introdujeron en el país, son de significativa importancia los cambios en el área del estado.

Para que un estado pueda cumplir un rol orientador y de arbitraje en los conflictos que se suscitan en una sociedad, requiere de dos tipos de capacidades: por un lado, la capacidad económica que le permita colocarse por encima de las pujas sectoriales y resistir las presiones internas y externas; por otra parte, debe contar con la suficiente soltura política para seleccionar sus propias alternativas en defensa del bien común. Desarticulados los sectores sociales capaces de equilibrar el juego de presiones de los grupos de la sociedad beneficiados por el PRN, el estado perdió su posibilidad de contrapesar intereses delineando opciones políticas de mayor ecuanimidad.

Por imperio del endeudamiento externo, y de los mecanismos de endeudamiento interno, el Estado dejó de tener la capacidad económica que le permitiera cumplir su rol regulador.

Información y opinión pública

Resulta interesante señalar, por último, el significativo cambio que tuvo lugar entre los analistas económicos a lo largo del período ministerial de Martínez de Hoz.

En el marco de la popularización de términos y conceptos económicos, la ampliación de la difusión del bagaje técnico se hizo en los primeros años – hasta la implementación de la tablita – con exclusión de las referencias políticas. A partir de la crisis del sistema financiero desatado con la intervención al BIR, los comentarios económicos en medios de difusión masivos comenzaron a tener en cuenta, gradualmente con mayor intensidad, los acontecimientos políticos como ingredientes de la economía.

Este proceso se acentuó a lo largo de los años de explosión de la crisis, entre 1981 y 1982. Cuando las transformaciones comenzaban a consolidarse, aún con la pérdida del equipo gestor de los cambios, renació la atención sobre la política, pero no la tranquilidad necesaria para afrontar alternativas que, ahora, además, se mostraban incapaces para revertir la situación.

¿Éxito o fracaso?

La percepción general de la sociedad, apoyada por interpretaciones políticas efectuadas por economistas generalmente adscriptos al mismo paradigma declamado por Martínez de Hoz, le adjudica a la experiencia desarrollada entre 1976 y 1981, un estruendoso fracaso.

Tal sensación se afirmó, a lo largo de 1981, cuando se sucedieron las correcciones al tipo de cambio que permitieron visualizar a los expertos y al público en general los efectos críticos de la política económica. Entre febrero de ese año y marzo de 1982, la opinión pública asistió, además, a una crisis política que se manifestó en la sucesión entre Viola y Galtieri, con Masera actuando como telón de fondo. Sobre esos resquicios llegó la convocatoria del renacido gremialismo a la huelga general del 30 de marzo. Luego, los resultados de la guerra de Malvinas promovieron una circulación de información con mayor libertad, por efecto de la disgregación del poder del régimen militar, que puso en evidencia datos concretos acerca de quiebras, desaparición de empresas, deuda externa. Además, desde el exterior, pero involucrando abiertamente a la Argentina en un primer plano, entre esos dos años estalló la denominada Crisis de la deuda[51], que alteró a toda a la economía mundial.

El habitual juicio crítico se centra en el estancamiento del país globalmente considerado, en el desmesurado endeudamiento externo, en la imposibilidad de contener la inflación. Otros análisis, más sofisticados, encuentran, en la perspectiva histórica, las dificultades instrumentales de la teoría, las obviedades no consideradas en el diseño, los imponderables que afectaron su instrumentación.

Pero la medida de un éxito o de un fracaso tan sólo se pueden medir en función de los objetivos. En tal sentido, es posible afirmar que los objetivos se cumplieron. Algunos de ellos pudieron ser verificados al concluir la gestión Martínez de Hoz; otros, recién en el largo plazo y luego de un tortuoso camino. Todos ellos tendientes a la modificación profunda, estructural de las relaciones sociopolíticas del país; todos ellos destinados a “revolucionar”, a resolver, el empate hegemónico en la sociedad argentina.

En función de ello, lo que quedó instalado, aún cuando no pudo ser visualizado de inmediato, fue la transferencia de poder de decisión del Estado a otros actores sociopolíticos (como en el caso de la banca), la desarticulación de la tradicional distribución de la propiedad de los medios de producción sobre la base de identificaciones excluyentes como agroexportadores e industriales sustitutivos, un contacto diferente con el resto del mundo en momentos en que se empezaba a verificar la globalización de las relaciones internacionales.

Como si se hubiesen enfrentado en una guerra, aquellos conjuntos de actores sociales, los que respondían al modelo agroexportador y los que hacían lo propio con la industria sustitutiva, fueron inmolados como tales e, incluso, algunos habían desaparecido literalmente para siempre.

Una nueva estructura social había surgido. En algunos casos los protagonistas podían ser los mismos, pero sus identificaciones e intereses se habían modificado o estaban, luego de la tormenta, en pleno proceso de adecuación. Haber sobrevivido era un dato; pero la perduración requería para esos individuos, empresas o instituciones acomodarse a una nueva sociedad con sus propias reglas.

Ciertos cambios introducidos no tenían retorno. Para otras cuestiones haría falta todavía un proceso político de continuidad en el tiempo. Pero, el mecanismo de relojería, la bomba de tiempo, había sido instalada y en algún momento, más tarde o más temprano, debía estallar.

Los proceso de privatizaciones y de estabilidad monetaria llegarían años después para consolidar los cambios realizados por la gestión de Martínez de Hoz.

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Otros; no específicos, citados en el texto.

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ROUQUIE, Alain; Poder militar y sociedad política en la Argentina – Tomo II; Emece, Buenos Aires, 1982.

TERCERA PARTE

Características del sistema internacional

El Muro de Berlín fue, desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), una pequeña muestra de las disputas entre soviéticos y norteamericanos, ex aliados de guerra, enfrascados en la «guerra fría»[52]. Construido en 1961, se convirtió en el símbolo de la división del mundo en dos sectores alineados voluntaria o forzosamente tras las dos superpotencias. Los huecos abiertos en el muro en 1989 para comunicar a los habitantes alemanes de ambos bloques y, luego, su destrucción, son tomados como referencia de la desarticulación de los regímenes ubicados tras la cortina de hierro; más aún, del fin del siglo XX[53].

Sin embargo, el simbolismo no se refiere tanto a la reunificación alemana, sino a la desaparición de una de las superpotencias que dominaron la escena internacional durante buena parte de este siglo. La Guerra Fría fue, tal vez, un único momento en la historia en que dos poderes compartieron, aún compitiendo, el dominio del sistema internacional. La desaparición de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, dando lugar al fin del sueño imperial de varios siglos, dio lugar al renacimiento de Rusia y de países como Estonia, Lituania, Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, entre otros.

La mutación revolucionaria de las sociedades comunistas, como las de Alemania oriental, Polonia, Checoslovaquia, Rumania, Hungría, al finalizar la década de 1980, cada una con sus matices diferenciadores, fue posible debido al abandono soviético de su política tutelar sobre aquella región; una zona que históricamente sufrió de alta inestabilidad, y fue apetecida por distintas potencias regionales. La actitud soviética y sus propios conflictos internos desguarnecieron a los sectores políticos de aquellos países que detentaban el poder omnímodo. Esto abrió el paso a cuestionamientos internos referidos a la acción de gobierno desarrollada durante cuarenta años, al tiempo que resurgieron las aspiraciones nacionales largamente reprimidas.

En líneas generales, puede decirse que en los países que constituían el bloque europeo oriental, ha comenzado a primar un paradigma democratizador, que revaloriza la iniciativa individual y el disenso, y tiene por meta alcanzar niveles de consumo y bienestar que los acerquen al resto del continente. La degradante situación interna de algunos de aquellos países, la imposibilidad de Rusia de seguir manteniendo formas de comercio internacional solidario altamente desventajoso para su pueblo, y el efecto de demostración de la experiencia del Mercado Común Europeo, aceleraron las tendencias disgregacionistas ya insinuadas en algunas sociedades orientales en los últimos lustros.

En tal sentido, es ejemplificador, el caso de Polonia. En los últimos veinte años, se desarrolló en ese país un núcleo opositor al gobierno comunista que, desde la realización de huelgas en los sectores más importantes de la economía (como astilleros) hasta la acción clandestina, asoció la más pura reivindicación sindical con la disidencia de la feligresía católica en contra del régimen burocrático subordinado a Moscú.

Otro ejemplo demostrativo de los procesos de apertura que terminaron con el monolitismo comunista es el caso de Rumania. La dictadura derrocada realizó políticas impregnadas de corrupción, que tendieron al ajuste económico para solventar su deuda externa. De tal forma, un país que gracias a sus recursos naturales gozaba de un bienestar excento de grandes privaciones, se convirtió en exportador de alimentos y gas, al punto de carecer de dichos bienes para el consumo interno. Este proceso regresivo en la calidad de vida de la población y la asincronía manifiesta respecto del desarrollo en el resto de Europa, fomentaron una oposición violenta a una de las dictaduras más autoritarias.

A través de estos ejemplos puede observarse las disímiles situaciones internas que sirvieron de fermento al proceso de ruptura con el poder soviético y a la reformulación de los regímenes políticos (e incluso económicos) de los países del bloque oriental y de la propia Unión Soviética. Pero, al mismo tiempo, cabe resaltar los componentes del nuevo paradigma y las causas que permitieron la manifestación explosiva de disidencias largamente reprimidas. El paradigma de pensamiento sociopolítico que ha hecho irrupción en Europa del Este hace hincapié, en sus tres manifestaciones[54], en la democracia y el libre juego de los mercados. Aparece, cronológicamente, como una continuidad del proceso democratizador iniciado en Latinoamérica con posterioridad a la Guerra de Malvinas. Ambos movimientos tienen algunos puntos de contacto, contenidos similares y un contexto general común: el fin de la «guerra fría».

Los principales componentes de este paradigma son: adopción de mecanismos democráticos de consulta periódica a la población, abierta competencia electoral entre grupos de diferentes orientaciones político-ideológicas, discusión pública de gran parte de las cuestiones de interés común, variedad de opciones políticas dentro de un espectro de apertura de las estructuras estatales de gobierno a la crítica pública y a la rotación de funcionarios con independencia de su adscripción un partido único, libertad religiosa, fin de los impedimentos para el traslado de personas entre regiones y la emigración, eliminación de la censura, adscripción a tendencias liberales en lo económico, revalorización del mercado como asignador de recursos, reducción de las esferas de injerencia estatal, visión crítica el déficit fiscal.

Este listado parcial de conceptos y valores declamados por la prensa, sectores intelectuales y políticos, comenzó a consensuarse entre la opinión pública siguiendo procesos disímiles. Mientras que en Inglaterra y los EEUU, entre fines de los años setenta y comienzos de los ochenta el triunfo de los sectores neoconservadores se sustentó en la necesidad de reverdecer laureles internacionales perdidos o cuestionados, mediante una reformulación de ciertos aspectos de la relación Estado-sociedad, en Latinoamérica el proceso democratizador y la consolidación del nuevo paradigma reconocen un conjunto distinto de causas concurrentes.

Tras la Guerra de Malvinas y la crisis de la deuda externa en 1982, las Fuerzas Armadas latinoamericanas quedaron desprestigiadas ante la sociedad respecto de sus posibilidades de continuar constituyendo una alternativa de conducción del Estado. La deuda externa hizo eclosión en 1982, cuando México se declaró imposibilitado de atender las amortizaciones y pagos de servicios de los préstamos tomados con anterioridad; su actitud fue el preanuncio de una respuesta generalizada de los máximos deudores y del fin de los aportes de capital por los bancos comerciales, principalmente norteamericanos, que habían sustentado el proceso de endeudamiento. En otro orden, los años ’80 mostraron la pérdida de dinamismo del proceso industrializador por sustitución de importaciones y de su contraparte, el mercado-internismo debido, fundamentalmente, a la creciente distancia entre el modelo industrial accesible a los países en vías de desarrollo para una transformación modernizadora y las nuevas características del patrón tecnológico productivo que comenzaba a imponerse internacionalmente.

De tal forma, cuestionado el modelo de desarrollo económico periférico de posguerra, sin la posibilidad de contar con capitales nuevos para realizar una reconversión industrial indolora y con el principal actor sociopolítico de los años setenta (los militares) desprestigiado y carente de apoyo externo, el paradigma democratizador con orientaciones liberales se fue abriendo paso.

En el este europeo se verificó, también, un retraso relativo de sus aparatos productivos. En algunos casos, como Polonia o Rumania, se verificó la crisis de la deuda al igual que en Latinoamérica y, en líneas generales, se hizo notable la imposibilidad soviética de seguir sosteniendo con tales países un comercio marginado de los precios de mercado. Las dificultades propias de la URSS le impedían continuar abasteciendo materias primas y bienes de capital a precios simbólicos, y comprando a valores por encima de los internacionales. En este caso los principales actores desprestigiados no fueron las Fuerzas Armadas, sino los Partidos Comunistas y sus respectivas burocracias detentoras de poder.

Los EEUU recuperaron su iniciativa política internacional. Por su parte, los organismos financieros internacionales[55] iniciaron una activa etapa de auditoría externa en los países endeudados, para alentar la realización de políticas internas tendientes a lograr superavits necesarios para el pago de los servicios y amortizaciones.

En ese contexto, se dan los primeros pasos que desembocaron en la finalización de la «guerra fría». Embarcados en una perniciosa carrera armamentista que llegó a plantearse en términos extra-planetarios, los EEUU y la URSS dedicaban crecientes recursos a sus gastos en defensa en el marco de concepciones que otorgaban al Estado un rol primordial. El creciente déficit fiscal norteamericano y el escaso dinamismo, cuando no, estancamiento de la economía rusa, obligaron a un acercamiento que puso fin a los aspectos más salientes de la competencia militar; su manifestación más visible fue el tratado entre el presidente norteamericano Ronald Reagan y el Primer ministro soviético Mijail Gorbachov para el desmantelamiento de los misiles de alcance intermedio, la autolimitación al crecimiento de los stocks de armas nucleares y el desaceleramiento de los proyectos mega-defensivos como la «guerra de la galaxias» (Iniciativa de Defensa Estratégica, IDE) basada en el uso de satélites, rayos laser y armas atómicas ubicados en el espacio exterior.

Desacelerada la competencia militar con los EEUU, la Unión Soviética pudo revisar su relación con los países que integraban su bloque. Este replanteo de la política exterior de la URSS fue motivado en lo interno por la revisión de su relación Estado-sociedad. Si bien el nivel de vida alcanzado dentro de sus fronteras permitía un aceptable control social, el sistema vigente mostró su límite frente al desarrollo de nuevas tecnologías realizado por Occidente y su capacidad para distribuir socialmente los beneficios logrados.

Los gastos en defensa fueron, a partir de la Segunda Guerra uno de los elementos dinamizadores de las economías internas, tanto en los EEUU como en la URSS. Pero, a diferencia de los norteamericanos, los soviéticos no alcanzaban a transmitir a su industria y a los productos de consumo, las innovaciones tecnológicas desarrolladas en el área científico-industrial militar. A pesar de sus realizaciones en la carrera espacial y en energía atómica, el parque industrial tradicional se anquilosó ante la falta de una transferencia dinámica de conocimientos que permitiera la renovación tecnológica. Este retraso relativo incidió negativamente en la posibilidad de atender crecientes gastos y esfuerzos en defensa, requerimientos de su propia sociedad y en el sostenimiento del mencionado costoso sistema comercial montado para asegurar el alineamiento de los países del Pacto de Varsovia[56] o Cuba.

Planteada la necesidad de dinamizar y modernizar la economía soviética, el reformismo se planteó la posibilidad de realizarlo mediante la adopción de mecanismos de iniciativa individual y de incentivo-recompensa, propios del liberalismo. Para llevar adelante este camino, se comenzó por la desarticulación de la burocracia que ocupaba monolíticamente el Partido Comunista de la URSS y el propio Estado soviético (Nomenklatura)[57]. Esta apertura se intentó realizar, entonces, según preceptos del paradigma democratizador.

Sin embargo, en una primera instancia, la descripta reformulación de la política internacional conservó vigentes los acuerdos de posguerra que delimitaban las esferas «propias» de ambas superpotencias. En tal sentido, podían señalarse los casos de Panamá y Lituania. Con el correr de los años, tal capacidad se fue perdiendo, sólo conservando cierta inercia que mantuvo a los principales protagonistas como interlocutores privilegiados, con intereses regionales y globales propios, reemplazando su capacidad de veto por la búsqueda de consensos.

Así, rusos y norteamericanos ingresaron en una etapa de reconversión que les permitiese retener su primacía mundial, liberados de sus gastos en defensa pero conservando su incuestionable capacidad nuclear. Lo hicieron desde posiciones relativas diferentes; la URSS, con grandes dificultades internas, se dirigió por un camino incierto en donde toda su estructura de relaciones sociales se vió trastocada en el proceso de reacomodamiento al nuevo paradigma.

Los EEUU desde una nueva posición hegemónica, se propuso enfrentar, en mejores condiciones, los desafíos comerciales que le planteaban Japón y Europa. Para ello estaban liberados en parte de sus gastos en defensa pero conservando su incuestionable capacidad nuclear. La velocidad de la renovación tecnológica le planteó a los norteamericanos el doble desafío de, por una parte, mantener el ritmo de las innovaciones sin necesidad de que los esfuerzos primarios se dirigieran al aparato industrial militar sino directamente para generar y satisfacer las apetencias de consumo y, por otro lado, combatir el desempleo que al iniciarse la década de los noventa parecía ser estructural, inherente al nuevo patrón tecnológico.

La distensión de las relaciones entre las superpotencias le permitió a los norteamericanos devolver a sus competidores comerciales la obligación de incrementar sus propios gastos en defensa para atender a su seguridad.

Por otra parte, los acontecimientos de Europa oriental le generaron a la Unión Europea desafíos y oportunidades; en primer lugar, el descalabro del bloque soviético tendió a perturbar el proceso de conformación de la unidad europea occidental por la alta inestabilidad política que se generó, incluso, con la reaparición de antiguos nacionalismos acallados durante la experiencia soviética, que generaron guerras civiles de una crueldad a la que Europa se había desacostumbrado dentro de su propio territorio. Además, con la reunificación de Alemania se sumaron nuevas interferencias por el cambio en las prioridades políticas y en el uso y asignación de recursos de la, hasta entonces, economía más fuerte del continente.

En segundo lugar, porque democratizadas y liberadas las economías de las renacidas naciones del este europeo de las regulaciones de los estados comunistas en disolución, la intención generalizada, tanto de occidentales como de orientales, es ampliar los efectos del Mercado Común Europeo a la mayor parte del continente.

El tema subyacente a este nuevo panorama internacional es el de la reconversión industrial operada en los principales países centrales en los últimos veinte años. El nuevo patrón tecnológico-productivo, del que daremos cuenta a continuación, acrecentó las diferencias entre los países industrializados del bloque EEUU-Europa-Japón y los del ex bloque comunista. A su vez, tendió un abismo entre el Norte y el Sur, con algunas particulares excepciones; los «4 dragones asiáticos» amparados por Japón (Taiwan, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong), Brasil, Australia, Nueva Zelanda, y la segunda línea de Nic´s[58] asiáticos que incluye a Malasia e Indonesia, entre otros.

El paradigma vigente

Hemos enunciado anteriormente algunos de los principales valores, normas y conceptos que constituyen el nuevo paradigma puesto de manifiesto en las tendencias políticas más recientes, en gran parte del pensamiento intelectual contemporáneo y en la opinión pública. Esta sucinta y sintética enumeración corresponde a una base de pensamiento común, que encuentra en cada país sus matices diferenciados.

En la consolidación de este paradigma han jugado un importante rol distintos mecanismos de difusión y creación de consensos. Hemos visto algunos de los procesos políticos y económicos que han favorecido el surgimiento de acuerdos sociales. Complementariamente, la ruptura de las fronteras para las comunicaciones modernas ha permitido la penetración de consignas culturales apoyadas en la transnacionalización de la economía. .

Luego de los reacomodamientos producidos tras la crisis del petróleo[59], se acentuó la tendencia hacia la eliminación del conflicto en sus aspectos prácticos y teóricos, utilizando tanto la vía de la represión y el uso de la fuerza, como la implementación de mecanismos de institucionalización de las disputas.

Este fracaso de las alternativas de conflicto social e internacional fue consecuencia del menor poder contestatario del bloque de países periféricos, de los Estados nacionales emergentes y de los sectores sociales sacudidos por la crisis económica. El alza de los precios del petróleo permitió la investigación e inversión en áreas hasta entonces no redituables y en la búsqueda de alternativas energéticas y de materiales; éste fue el detonante de un proceso de reconversión industrial que trazó la senda de un nuevo patrón tecnológico-productivo. Además, desarticuló los carteles de productores de materias primas, reincorporándolos al nuevo orden en papeles secundarios y carentes del poderío potencial de replantear sus propias relaciones con los países centrales.

Por su parte, la crisis de la Deuda externa y el abrupto final del flujo de capitales al Tercer Mundo, limitó la capacidad económica de aquellos Estados emergentes en el contexto internacional, condicionando su propia elección de políticas internas a los requerimientos del ajuste liberador de los recursos necesarios para afrontar los pagos al sistema bancario y los de los organismos financieros internacionales. Tales Estados, entre los que se encuentran la mayoría de los países latinoamericanos, sufren desde el año 1982 fuertes presiones para la adopción de determinadas políticas económicas que tienden al abandono del proceso industrializador, asistido por medidas estatales, con el consiguiente achicamiento de sus mercados internos. Se promueve, además, la apertura comercial que pone en competencia productos elaborados con tecnologías más o menos avanzadas, con mayor o menor aporte de capitales y disímiles niveles salariales. Tales políticas han reducido la capacidad contestataria, esto es, la posibilidad de hacer frente política o económicamente a las tendencias predominantes, por parte de aquellos estados nacionales que nucleados en organizaciones terceristas (como el Movimiento de No Alineados), habían logrado perturbar el bipolarismo de posguerra.

En lo interno, tanto la consolidación del nuevo patrón tecnológico en los países centrales, como los ajustes y la reconversión de los países periféricos, han transformado la composición y el conjunto de valores culturales predominantes en los distintos sectores sociales. Desde la consolidación de la Revolución Industrial, el sector mayoritario de la sociedad estuvo constituido por el conjunto de obreros industriales con un relativo y creciente desarrollo del sector de servicios (comercialización, educación, bancarios, burocracia). Como se verá a continuación, la nueva etapa de la revolución industrial actualmente en marcha, ha disminuido el peso relativo de los sectores otrora masivos, ha dado lugar a fenómenos sociales novedosos, ha producido una reasignación de roles de acuerdo a la nueva división del trabajo necesario para sustentar el patrón tecnológico, ha modificado las identificaciones políticas, en suma, ha dado lugar al surgimiento del nuevo paradigma.

Los voceros e ideólogos del nuevo paradigma han interpretado que hemos arribado al fin de la historia, en tanto la configuración social e internacional en pleno desarrollo carecería de conflictos, y porque interpretan que la aceptación de determinados principios básicos como la democratización y el libre juego del mercado se han universalizado. Sin embargo se trata de una aberración teórica, pues esto supondría que la humanidad ha alcanzado un estado inmodificable. Si nos adentramos en el análisis social, podremos observar que, aunque hayan desaparecido tradicionales elementos de conflicto se han generado, en cambio, nuevos logros junto a la subsistencia de pujas sociales, políticas, económicas, nacionales e internacionales y el resurgimiento de algunos nacionalismos.

El patrón tecnológico-productivo[60]

Como se ha señalado, la crisis del petróleo profundizó el desarrollo de nuevas tecnologías y materiales. La investigación científica y la experimentación de laboratorio fueron orientadas hacia la resolución de los principales problemas generados por el uso del factor clave que sustentó el sistema industrial del siglo XX, el petróleo. Se requirió ahorro de energía, «limpieza» en los procedimientos industriales, reducción en los tiempos para transmisión y procesamiento energético y de datos, automatización de los procedimientos productivos, calidad constante, versatilidad. El desarrollo de la electrónica condujo a una serie de innovaciones radicales lo suficientemente importantes como para abrir una nueva senda tecnológica. Si bien la diversificación e investigación de fuentes de energía alternativa se realiza con lentitud y el petróleo continúa siendo aún un factor productivo imprescindible, el proceso que relativiza su importancia se encuentra en marcha. El nuevo «factor clave» que domina la actual revolución industrial es la microelectrónica, representada por los circuitos integrados miniaturizados.

Como factor clave del patrón tecnológico, los circuitos integrados cumplen con sus requerimientos. Su oferta es ilimitada, ya que se basan en la utilización del silicio, un material presente en la arena y, por lo tanto, prácticamente inagotable. Por esa misma razón, como materia prima es de bajo costo, y su proceso de producción es puro valor agregado. Sus usos son evidentemente universales, tanto en la enorme variedad de productos a los que se le han incorporado componentes electrónicos, como en los procesos de diseño y fabricación asistidos por computadoras. Por último, permite un conjunto de innovaciones tecnológicas y organizativas que tienden a reducir costos de maquinarias, mano de obra y energía.

La microelectrónica se ha incorporado a productos que, aun siendo representativos del anterior patrón tecnológico, combinan hoy procesos mecánicos con funciones computarizadas, como los más modernos automóviles o los electrodomésticos. Además, han generado toda una línea de bienes de consumo nuevos a partir de las computadoras personales y de los equipos de reproducción de audio y video con soportes de información cada vez más sofisticados.

Los cambios operados en el proceso productivo son de enorme importancia. Los procesos de manufactura asistida por computadora llegan a la total automatización de las plantas industriales, reduciendo las necesidades de mano de obra. Además, el diseño asistido por computadora permite el uso racional y sin desperdicio tanto de las materias primas, como de la energía utilizada en la fabricación, el perfeccionamiento de los productos mediante la corrección de diseños y la prueba de materiales nuevos, y, en suma, una mayor eficiencia. Estos adelantos científicos dan una mayor flexibilidad a las plantas industriales facilitando la reconversión de una línea de montaje para saltar de un modelo a otro y de un producto a otro. Incluso, posibilita atender una diversidad de artículos.

La alta productividad no depende ya de la gran escala de una planta industrial, ni del consumo capaz de ser absorbido por el mercado, ya que la posibilidad de cambiar los bienes a elaborar con cierta rapidez, flexibilidad y diversidad, favorece el aumento de la producción. Los controles electrónicos permiten una veloz adaptación a la demanda.

Esta revolución tecnológica cambia el concepto de eficiencia empresarial. Los recursos de capital se trasladarán al desarrollo tecnológico y comercial en lugar de ser consumidos mayoritariamente en diseño, materias primas y mano de obra. A su vez, es posible observar el desarrollo de un conjunto de nuevas tecnologías que profundizarán (cuando no, volverán a transformar) la senda iniciada por la electrónica. El aumento de la productividad en los países desarrollados señala, contrariamente a lo esperado, un descenso en el uso de la energía; lo que relativiza la importancia del petróleo, a la vez que posterga la prioridad en la investigación sobre fuentes alternativas. Las facilidades para el diseño y la prueba de nuevos productos facilitan las investigaciones con nuevos materiales tanto metalúrgicos como químicos, siendo los cerámicos una alternativa futura especialmente para la transmisión de electricidad con reducción de las pérdidas de calor y energía. Para el futuro, las mayores esperanzas se centran en la biotecnología, por su capacidad de manipular información genética con el fin de «crear» nuevos organismos con fines diversos, en la agricultura, o la conservación ecológica, al menos en el horizonte vislumbrable en la actualidad.

Este panorama sintético del nuevo patrón tecnológico-productivo hace evidente que los tradicionales factores de producción, como la mano de obra y las materias primas, pierden rápidamente su importancia, mientras que los capitales y la tecnología cobran decisiva supremacía. Ello configura un nuevo modo de producción en el que la especialización progresiva del obrero da paso a una tajante diferenciación entre operarios especializados (ahora sin un rol muy definido) y no especializados. El volumen de empleo requerido tiende a descender mientras que los niveles salariales quedan reprimidos por la oferta de la masa desempleada. Estas tendencias, muy genéricamente presentadas, producen cambios en las posibilidades y apetencias de consumo, en la autoidentificación social de los individuos y en la identificación cultural de una perspectiva de clase, con lo que la adscripción política tiende a ser más difusa.

Precisamente, el paradigma de pensamiento social dominante encuentra una amplia posibilidad de difusión mediante los medios masivos de comunicación. Éstos permiten la generación de consensos basados en mecanismos de control social que desechan el conflicto y promueven las integraciones tribales de sintonía más internacionales que nacionales.

En los países desarrollados, las dificultades sociales provenientes de este modelo tienen diversas características. Mientras que en Japón la tasa de desempleo fue muy baja, los países europeos dedican parte de los recursos estatales a disimular sus efectos sosteniendo formas de welfare state, y los EEUU han logrado en la segunda mitad de los años noventa una significativa solución a ese problema. Muy diferente es la situación latinoamericana, en donde el nuevo modelo de organización social proveniente del patrón tecnológico basado en la electrónica, se encuentra aún a gran distancia de completarse, y los intentos por una rápida adopción de tal modelo producen altos costos sociales.

La década perdida y las democracias inciertas

AI finalizar la década de los ochenta, los balances efectuados, desde la perspectiva económica y social, coincidieron en señalar un estancamiento general de los países latinoamericanos. La pérdida de dinamismo económico y el estancamiento en el crecimiento productivo era adjudicable a diversas causas. Existieron tendencias a señalar la incapacidad para la reconversión de sus estructuras productivas a un sistema de comercio internacional abierto y dominado por las nuevas tecnologías.

Asimismo, era posible señalar el bajo nivel de inversión como una de las causas, además de la falta de financiamiento externo a raíz de la crisis de la deuda externa, que se combinó con una transferencia neta de recursos hacia los países desarrollados, motivada en el pago de servicios y amortizaciones y en la fuga de capitales.

Este conjunto de causas del estancamiento latinoamericano se manifestó en el cercenamiento a la capacidad estatal para intervenir efectivamente en la regulación de las pujas económicas que tienen lugar en la sociedad. Además de la ineficiencia tradicionalmente adjudicada al Estado para realizar tal tarea con equidad, y de la intención de sectores cercanos al aparato estatal para que la reasignación de recursos fuera hecha en su propio beneficio, la verdadera capacidad de los Estados latinoamericanos para continuar con tales prácticas se vio afectada por el cese de flujos de capital externo y por las transferencias al exterior de los saldos de las balanzas comerciales en concepto de pago de la deuda externa.

Cercenada la capacidad económica del Estado, con los sectores mercadointernistas desprotegidos, también se vieron afectadas las capacidades políticas de intervención en la sociedad. No fue posible, a lo largo de la década del ochenta, regular los conflictos mediante el arbitraje entre sectores de similar peso político. El desequilibrio entre los actores que comenzaron o acentuaron su transnacionalización comercial o financiera y aquellos que se redujeron al compás del menor consumo interno, se acrecentó, impidiendo al aparato estatal el cumplimiento de sus funciones tradicionales adelantando, forzosamente y no por convencimiento, algunos de los contenidos del paradigma dominante.

Estos condicionamientos que pesan sobre los países latinoamericanos, transformaron el inicial optimismo por los procesos de transición a la democracia en una sensación de incertidumbre. Las diferencias notorias entre un conjunto de actores sociales internos fortalecido y otro a mitad de camino entre su reconversión y su extinción, impidieron las posibilidades de una negociación en igualdad de condiciones. Los hipotéticos acuerdos debieron establecer los caminos menos dolorosos, en términos de costo social, para una reformulación de los proyectos productivos.

Paradójicamente, la consolidación del sistema democrático implicó una resurrección de la sociedad civil tras largos períodos de regímenes autoritarios. Pero la coyuntura dominante al comenzar la década del noventa tenía contradictorias implicancias para la democracia por la persistencia (y crecimiento) en la exclusión de sectores sociales del nuevo modelo.

De tal forma, los esfuerzos que debieron realizarse desde el Estado para consolidar la democracia fueron más complejos debido a la situación económica, lo que hizo necesaria la búsqueda de alterativas que le permitieran restablecer su protagonismo como árbitro de fuertes pujas internas y, al mismo tiempo, hacer prevalecer los intereses nacionales en las negociaciones externas.

Una mezcla de fuerte decisión política y presiones del contexto externo, acorralaron la capacidad de resolución del conflicto social, postergándolo para cuando la reconversión estuviera terminada o, al menos, encaminada.

Los años noventa transformaron buena parte de la realidad argentina y latinoamericana. A mayor o menor velocidad, hubo un importante esfuerzo por conciliarse con el contexto descrito. A diferencia de los años ochenta, la evolución económica de buena parte de la región no puede ser catalogada como en aquellos años la década perdida, ni su democracia puede ya ser tildada de incierta, aunque aún la sociedad civil luche por mayor protagonismo y los sectores postergados busquen su lugar bajo el cielo de la prosperidad económica. Pero, en ambos casos, la resignación es un riesgo latente.

[1] Montoneros fue el más populoso grupo guerrillero de origen peronista. Se puede consultar una extensa bibliografía, mucha de ella testimonial; en especial se recomienda: Gillespie, Richard: Soldados de Perón. Los Montoneros, Grijalbo, Buenos Aires 1987, Giussani, P.: Montoneros, la soberbia armada; Sudamericana-Planeta, Buenos Aires 1984, Gasparini, J.: Montoneros, final de cuentas; Buenos Aires 1988, Méndez, E.: Aramburu: el crimen imperfecto, Sudamericana-Pñaneta, Buneos Aires 1987, el original análisis de Sigal, S. y Verón, E.: Perón o Muerte, los fundamentos discursivos del fenómeno peronista, Legasa, Buenos Aires 1986 y la obra recientemente aparecida de Anguita, E. y Caparrós, M.: La Voluntad (dos tomos), G. E. Norma, Buenos Aires 1997.

[2] El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) respondió a la ideología marxista-leninista, con carácter internacionalista. Fue el desprendimiento armado del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores). Una breve historia puede leerse en Santucho, J.: Los últimos guevaristas, Puntosur, Buenos Aires 1988.

[3] La Alianza Anticomunista Argentina fue una organización paramilitar surgida al amparo del Ministro del gobierno de Isabel Perón, José Lopez Rega, formada en las concepciones de contra insurgencia practicadas por los militares franceses en Argelia. Puede consultarse una investigación periodística de González Janzen, I.: La Triple A; Contrapunto, Buenos Aires 1986.

[4] Una muy documentada biografía del último ministro de economía de Perón puede consultarse en: Seoane, M.: El burgués maldito, Planeta, Buenos Aires 1998.

[5] Dicho pensamiento debe enmarcarse dentro de las corrientes que comenzaban a predominar internacionalmente en el campo de la economía política. El monetarismo, como corriente de interpretación que asignaba al Estado un manejo monetario activo y la prescindencia en cualquier otra actividad económica, comenzaba a ganar terreno en algunas universidades norteamericanas; especialmente luego del respaldo obtenido por Milton Friedman, que significó el Premio Nobel de economía de 1975. En parte debe buscarse allí el renovado brío del liberalismo o, como se lo conoció después, del neoliberalismo.

[6] Especialmente en el Ejército y, fundamentalmente, desde comienzos de la década del sesenta, comenzó a primar en las Fuerzas Armadas la Doctrina de Seguridad Nacional. Ella fue generada y alentada por las fuerzas norteamericanas que la elaboraron como resumen de sus hipótesis de conflicto durante la Guerra Fría. La versión para Latinoamérica de dicha doctrina, fijaba la prioridad en la defensa interna, una tarea casi policíaca y de inteligencia para las FFAA, ante las supuestas intenciones del mundo comunista de conquistar diversos enclaves occidentales por la propaganda y la subversión. A tal extremo asumieron las FFAA esta caracterización de su hipótesis de conflicto principal, que el fracaso militar en Malvinas es explicado en buena medida por ello (el haberse preparado durante años para un conflicto distinto al de las islas del Atlántico Sur).

[7] Se sigue aquí el análisis de las relaciones entre fuerzas políticas expuesto por Juan C. Portantiero en “Economía y política en la crisis argentina (1958-1973)”, en: Ansaldi, W. y Moreno, J. L.: Estado y sociedad en el pensamiento nacional; Cántaro, Buenos Aires 1989 (pág. 301/346).

[8] El concepto de hegemonía que se utiliza aquí corresponde a la definición aportada por el pensador marxista italiano Antonio Gramsci. Según la misma, la dominación social se establece y se manifiesta a través de imposiciones genéricamente englobadas en lo que podríamos llamar la cultura de una sociedad determinada; conceptos e ideas mayoritariamente compartidas por la población y sus dirigentes.

[9] Dos de los cuales, operando desde la Argentina, alcanzaron importantes volúmenes a nivel internacional. Se trató de Bunge y Born, con sede administrativa en Suiza y la local Sasetru, liquidada durante el último gobierno militar, por decisión de éste, a través de los bancos oficiales en la quiebra más grande habida en el país hasta la de la Cooperativa El Hogar Obrero.

[10] La teoría de las ventajas comparativas fue formulada por el economista inglés David Ricardo a comienzos del siglo XIX. Según la misma, un país debía volcar sus esfuerzos en aquellas actividades económicas para las cuales tuviera más desarrollados sus factores de producción (mano de obra, materias primas y capitales) o, al menos, alguno de ellos; eso lo llevaría a especializarse, evitando derrochar recursos en actividades para las cuales no estaría preparado logrando, de esta forma, competir en el contexto del comercio internacional desde una posición más ventajosa. La generación de 1880 adoptó estas presunciones como forma más rápida para alcanzar sus objetivos y porque, para su época, formaban parte del sentido común.

[11] Luego de la crisis internacional de 1929/1930, comenzaron a delinearse teorías que podríamos llamar integracionistas; las mismas, desde una visión geopolítica, supusieron que, en la búsqueda de la soberanía, una sociedad debía integrar dentro de su territorio nacional, todas aquellas actividades económicas que pudieran asegurar la independencia de decisiones de una nación frente a un mundo hostil. En la Argentina, las FFAA fueron sus principales impulsores.

[12] Ver La política económica de Martínez de Hoz, incluido en este libro.

[13] En un controvertido decreto firmado por el Senador Italo Luder (a cargo interinamente de la Presidencia de la Nación) se ordenó al ejército la “aniquilación” de la guerrilla tucumana. Según algunas interpretaciones, el mismo habría justificado el estilo represivo ejercido antes y después del 24 de Marzo de 1976.

[14] Las aquí denominadas milicias rurales, son aquellas organizaciones militarizadas que, copiando la estructura clásica de cualquier ejército, actúa en zonas de difícil acceso para las fuerzas policiales responsables naturalmente de la represión, imponiendo en las zonas conquistadas y a sus pobladores sus propias reglas. Por su parte, la guerrilla urbana actúa en forma clandestina en las grandes ciudades, con una organización celular de poca interconexión entre militantes y con sus cuadros jerárquicos; por ello, el ejército francés que actuó en Argelia durante su guerra de independencia, recurrió a la tortura como forma de obtener información rápidamente a efectos de desactivar las células terroristas antes de que, ante la ausencia de un miembro, éstas se desperdiguen en domicilios diferentes. Este último fue el modelo guerrillero, y también el modelo represivo, seguido mayoritariamente en la Argentina.

[15] Como resultado de las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas –Conadep-, presidida por el escritor Ernesto Sábato, debe consultarse el informe Nunca Más, editado por Eudeba. Existe abundante bibliografía al respecto, tanto ensayos científicos, investigaciones históricas y periodísticas, como literatura ficcional y películas. Una muy completa recopilación de documentos puede consultarse en el Cuaderno n° 4 de la rama argentina de la Asociación Americana de Juristas: Juicio a los militares; Buenos Aires, Julio de 1988.

[16] Un análisis más profundo puede consultarse en el trabajo sobre la política económica de Martinez de Hoz.

[17] Sus principales dirigentes ya habían sido asesinados o se encontraban en el exterior.

[18] Su capacidad operativa ya había quedado seriamente dañada con anterioridad al golpe militar.

[19] Por otra parte el Premio Nobel de la Paz otorgado al argentino Adolfo Perez Esquivel, fue un claro mensaje de la comunidad internacional al gobierno militar sobre el tema de los derechos humanos.

[20] Se trata de una paradoja entre el apego militar a los reglamentos y el ejercicio del facto institucional. El PRN utilizó un ordenamiento constitucional para la periodización de mandatos generada por el anterior gobierno inconstitucional. Durante el gobierno militar de Alejandro A. Lanusse, se impuso (anti- constitucionalmente) una reforma a la carta magna, conocida con el nombre de su mentor, Arturo Mor Roig, ministro del Interior, por la cual los mandatos presidenciales pasaban a ser de cuatro años. Esta reforma constitucional sui generis contenía una cláusula por la cual, de no reunirse antes de los diez años una convención general constituyente legalmente constituida para ratificar dicha reforma, la misma caducaría; por ello, al reinstaurarse la democracia en diciembre 1983 continuaba vigente el original período presidencial sancionado en 1853 de seis años de duración. El PRN, tras el golpe del 24 de Marzo de 1976 comisionó a J. R. Videla, primero, para concluir “interinamente” el período 1973-1977 y, luego, para cumplir el mandato presidencial 1977-1981.

[21] Hacia 1981, al concluir la gestión Martínez de Hoz, comenzaban a ser notorios algunos de los resultados económicos: crisis del sector bancario (con desaparición de entidades y ahorristas que perdieron sus depósitos), alto endeudamiento externo, necesidad de fuertes devaluaciones para recuperar el atraso cambiario producido por la “tablita”, empresas multinacionales que abandonaban su radicación en el país, cierre y quiebra de numerosas empresas de capitales nacionales, crecientes índices de desocupación.

[22] La bibliografía referida a la Guerra de Malvinas o Guerra del Atlántico Sur es abundante y de orígenes diversos; tanto argentina como inglesa, tanto de analistas militares como de investigadores políticos o periodísticos. Además existen testimonios literarios y fílmicos tan abundantes como trágicos. Tal vez la mejor y más objetiva investigación pueda encontrarse en la obra de los periodistas Cardozo, O. R., Kirschbaum, R, y Van Der Kooy, E.: Malvinas, la trama secreta; Sudamericana-Planeta, Buenos Aires 1983 (Planeta, Bs. Aires 1992). Una investigación similar pero realizada por periodistas ingleses puede consultarse en: Eddy, P. y Linklater, M. con Gillman, P.: Una cara de la moneda; Hyspamérica, Buenos Aires 1983 (en el original: “War for the Falklands”, The Sunday Times Insight Team, Londres 1982). Seguramente la versión más cruda de la actuación de las fuerzas armadas argentinas en la contienda puede encontrarse en el “Informe Rattenbach” (Ediciones Espartaco, Buenos Aires 1988), que corresponde a la investigación llevada a cabo por la Comisión presidida por el General Benjamín Rattenbach para determinar las responsabilidades políticas y estratégicas militares en la guerra.

[23] Al respecto cabe consignar la valiente actitud de los periodistas de The Buenos Aires Herald, El Cronista Comercial y La Opinión, quienes en los comienzos del PRN se las ingeniaron para mantener informados a sus lectores de formas más o menos indirectas como, por ejemplo, la columna Habeas Corpus que aparecía en la contratapa del diario de Jacobo Timerman. Cabe mencionar también a periódicos independientes como el semanario Nueva Presencia y, en especial, a escritores y periodistas como Rodolfo Walsh cuya Carta abierta a la Junta Militar, al cumplirse el primer aniversario del 24 de Marzo,le costó la vida.

[24] Organizaciones como Madres de Plaza de Mayo, Madres –línea fundadora-, Abuelas de Plaza de Mayo, H.i.j.o.s..

[25] Dicho proceso, provocado por Martínez de Hoz, se complementó con las acciones de política económica realizadas entre 1981 y 1983; se utilizaron mecanismos dictados por las urgencias dejadas por el equipo económico de los “Chicago boys”, como el seguro de cambio para empresas con deuda en el exterior, la nacionalización de la deuda externa mediante la universalización de la garantía estatal, las grandes devaluaciones, etc.

[26] El concepto de viabilización, muy en boga en los años setenta, se refiere a las posibilidades de un país de alcanzar niveles de autonomía en su funcionamiento económico y político que lo acrediten como miembro pleno del conjunto de las naciones independientes.

[27] El intento de ambos subsistemas de poder fue el de separar y presentar asépticamente cada uno de sus diagnósticos y líneas de acción, dando la impresión de tratarse de esferas independientes de la realidad.

[28] Se refiere al conjunto de medidas sobre salarios, tarifas de servicios públicos y tipo de cambio adoptado por el Ministro Celestino Rodrigo durante el gobierno de Isabel Perón y a la reacción sindical posterior.

[29] Dicha cifra puede parecer irrisoria a la luz de la posterior evolución de la deuda externa, pero debe ser puesta en su evolución y contexto histórico. Por otra parte, el caso resulta significativo para comprender la situación generada (¿artificialmente?) en las postrimerías del gobierno de Raúl Alfonsín.

[30] Se hace referencia a la teoría de las ventajas comparativas del economista inglés David Ricardo.

[31] Frase esgrimida por un Secretario de estado del Ministerio de Economía. Con ella quiso resumir las ideas que, encuadradas en la teoría neoliberal del Premio Nobel Milton Friedman, privilegiaban los requerimientos del mercado por sobre las teorías integracionistas más propias de las concepciones geopolíticas encarnadas por las fuerzas armadas desde los años treinta.

[32] Este tipo de análisis corresponde, entre otros, al pensamiento expresado por el General Savio.

[33] Se refiere a las políticas de bienestar social iniciadas tras las crisis de 1929/1930, legitimadas por la teoría económica keynesiana.

[34] Se consideraban estratégicas a aquellas industrias que daban origen a otras (siderurgia, petróleo) o aquellas que tenían directa responsabilidad sobre la seguridad nacional (comunicaciones, armas, transporte)

[35] Luego de la obtención del Premio Nobel por el economista norteamericano Milton Fiedman, sus sugerencias de política económica comenzaron a instrumentarse por Margareth Thatcher, Primer Ministro en Inglaterra desde 1979, y por Ronald Reagan, Presidente de los EEUU desde 1981.

[36] Con las expectativas de “golpe clásico”, se hace referencia a las rápidas ganancias que obtenían los agentes económicos más avezados, mediante el aprovechamiento de medidas de política económica que tradicionalmente se solían poner en marcha; por ejemplo, además de la mencionadas, devaluación del tipo de cambio, alza de precios. Además, se presuponía el apoyo irrestricto al empresariado en contra de los asalariados, por lo que, genéricamente, se esperaba un par de años de prosperidad para el capital.

[37] Se trata de casos de empresas que terminaron en quiebras y liquidaciones de las mismas; en algunos casos por ineficiencia (¿deliberada?) de los organismos estatales de control y en otros por decisiones gubernamentales, a través de sus bancos, para impedir cualquier acuerdo con sus acreedores.

[38] Con ello se respondía a las expectativas de los militares, guiados aún por la concepción integracionista y estratégica de la que ya se diera cuenta.

[39] Se refería a un cúmulo de empresas de muy diverso carácter que fueron incorporadas al patrimonio estatal y gerenciadas por administradores gubernamentales, con el fin de evitar la perdida de importantes fuentes de trabajo, en diversos momentos históricos.

[40] Dicho consenso y voluntad política para privatizar empresas estatales, recién pudo lograrse a partir de 1989/90. Al mismo proceso hay que incluir un aún no estudiado fenómeno de opinión pública que pasó, en un plazo de dos años de posiciones mayoritariamente negativas a otras favorables a las privatizaciones.

[41] Se trata de leyes que otorgaban desgravaciones impositivas para aquellas industrias que se radicaran en esas provincias.

[42] Se trata primordialmente de las primeras autopistas por peaje.

[43] Eso ocurrió cuando el Estado debió hacerse cargo de las deudas contraídas por los licenciatarios o para la finalización de las obras, por las garantías bancarias que había prestado el Estado nacional, y los cambios producidos al concluir la presidencia de Videla.

[44] Se define como capitales golondrinas a aquellos montos de dinero, provenientes del exterior, que ingresan al país sólo con fines especulativos y no para inverciones, por plazos cortos, y que se retiran rápidamente con las ganancias obtenidas.

[45] El riesgo país es una sobretasa que pagan los países financieramente mal conceptuados por los organismos y analistas económicos internacionales, con relación a las tasas abonadas en los países centrales.

[46] Las industrias de capital intensivo son aquellas que requieren fuertes inversiones pero escasa mano de obra.

[47] Con el nombre de Nic´s asiáticos se conoció a los países de industrialización reciente (New Industrialized Countries), como Taiwan, Hong Kong, Malasia, Singapur, Corea, etc., que hacia finales de los años setenta lucían envidiables índices de crecimiento.

[48] Comenzaban a prevalecer en el análisis económico ideas que luego darían forma a la teoría de las ventajas competitivas, enunciada por Porter al comenzar los años noventa, que reemplazó a la teoría ricardiana de las ventajas comparativas.

[49] La nacionalización de los depósitos bancarios efectuada por el anterior gobierno peronista implicaba la regulación y disponibilidad de los mismos, dentro del país y por las autoridades nacionales.

[50] Como parte del conflicto conocido como Guerra Fría, entre los EEUU y la URSS, los norteamericanos decretaron un embargo a las ventas de cereales a la Unión Soviética, que contó con el acompañamiento de la mayor parte de los países capitalistas.

[51] La Crisis de la deuda externa estalló en 1981 cuando México se declaró imposibilitado de pagar tanto los intereses como las amortizaciones de capital de la deuda contraída por ese país con la banca internacional. La noticia conmovió al mundo financiero, arrastrando a otros países a una situación similar; en especial, a los principales deudores como Brasil, Argentina y Polonia. Por su parte, los países centrales, acreedores, cortaron el flujo de capitales hacia esos países otorgándoles un nuevo rol a los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

[52] Con el nombre de Guerra Fría se conoció el particular estilo de enfrentamiento entre norteamericanos y soviéticos; período durante el cual disputaron todos los terrenos del planeta sin enfrentarse directamente en un campo de batalla, sino a través de terceros ejércitos. Dos grandes fracasos militares fueron determinantes para su culminación; por el lado de EEUU, la derrota en Vietnam, y por el lado soviético, la derrota en Afghanistán, donde los ejércitos de las superpotencias no pudieron con ejércitos conformados por todo un pueblo luchando por su territorio y por su superviviencia.

[53] Al respecto debe consultarse la obra de Hobsbawm, E.: Historia del Siglo XX; Crítica, Barcelona 1995 (título del original en inglés: La era de los extremos. El siglo veinte corto 1914-1991)

[54] Se considera aquí que el paradigma de pensamiento social tiene tres áreas de manifestación básica: la comunidad científica (integrada por filósofos, cientístas, políticos), los operadores políticos (todos aquellos tomadores de decisión en una sociedad) y, por último, la sociedad global.

[55] Principalmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (Banco internacional de reconstrucción y fomento). Por su parte el GATT (Acuerdo general de tarifas y comercio) sufrió un estancamiento que derivó en su extinción y reemplazo por otro organismo internacional.

[56] El Pacto de Varsovia fue una alianza originalmente militar de los países de Europa oriental ligados al poder soviético, enfrentado a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte; NATO en su sigla en inglés).

[57] Como resultado de un engorroso proceso de privatizaciones y liberalización de los mercados, la antigua nomenklatura se auto-transformó en burguesía, apropiándose de buena parte de los negocios y empresas de la vieja estructura comunista, acompañada por una fuerte tendencia a la realización de negocios con estilos delictivos o mafiosos.

[58] Se refiere a la categoría de países de industrialización reciente (New Industrialized Countries).

[59] La crisis del petróleo corresponde a los años 1974-1975 cuando, tras el embargo petrolero decretado por los países árabes productores a las economías occidentales, el precio del crudo se multiplicó por veinte, replanteando su uso tanto en lo relacionado con el confort como en la producción.

[60] No se pretende resolver en este trabajo la discusión en torno a si estamos en presencia de una nueva revolución industrial o frente a una nueva etapa del largo proceso de innovación tecnológica.

La última dictadura militar

«Proceso de Reorganización Nacional»

Diagnóstico de la realidad sociopolítica

Objetivos e instrumentos de los principales actores sociales

Dinámica sociopolítica y económica

Balance del período

«La economía argentina no tiene ningún mal básico ni irreparable. Tiene una extraordinaria potencialidad a través de sus recursos humanos y naturales.»

I

El diagnóstico de la situación socioeconómica

El diagnóstico de coyuntura

Algunas variables económicas previas al 24 de Marzo de 1976

Evolución del INDICE DE PRECIOS Minorista

RESERVAS DE DIVISAS de LIBRE disponibilidad

Liberalización de la economía

La apertura de la economía

Las relaciones entre sectores de la economía

El gasto público

III

Los instrumentos de política económica utilizados en el período 1976 – 1981.

Las medidas contra la inflación

Capitales y deuda externa

La apertura externa

La reforma bancaria

El gasto público

Consenso y perdurabilidad

El Producto Bruto Interno

La deuda externa

Fin de fiesta

Los actores sociales

Redefinición de algunos sectores

El Estado

Información y opinión pública

¿Éxito o fracaso?

BIBLIOGRAFIA

TERCERA PARTE

Características del sistema internacional

El paradigma vigente

El patrón tecnológico-productivo[60]

La década perdida y las democracias inciertas

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Publicado por luis mesyngier

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